El domingo 6 de abril de 1986, en Alajuelita, provincia de San José, una tradición religiosa terminó en uno de los episodios más brutales de la historia criminal de Costa Rica. Lo que había comenzado como una peregrinación familiar hacia la Cruz del cerro San Miguel derivó en una masacre que, décadas después, continúa sin responsables.
Ese día, nueve mujeres de dos familias asistieron a la caminata. Dos de ellas decidieron no continuar por el cansancio, mientras que las otras siete —una adulta y seis menores— siguieron el ascenso. Fueron vistas por última vez cuando iniciaban el descenso. Nunca regresaron.
La alarma se encendió esa misma tarde, cuando el resto de peregrinos bajaba del cerro y ellas no aparecían. La búsqueda comenzó esa noche, pero fue al día siguiente cuando se confirmó lo impensado: los cuerpos de las siete mujeres habían sido hallados en una finca cercana al camino.
Un tendal de niñas muertas
La escena impactó incluso a los investigadores. Los cuerpos estaban acomodados como si durmieran, algunos juntos en un hueco de tierra y otros cubiertos, pero todos con disparos en la cabeza, ejecutados con precisión.
Las víctimas pertenecían a las familias Salas Zamora y Sandí Zamora. Entre ellas había niñas de 4, 9, 11, 13, 16 y 18 años, además de una mujer adulta de 41. El crimen golpeó a todo el país, que hasta entonces no había registrado un hecho de tal magnitud.
La investigación avanzó bajo una fuerte presión pública y las primeras hipótesis apuntaron a una banda criminal. La Policía Judicial apuntó a cuatro sospechosos: Álvaro Chinchilla Vásquez, alias 'Viruta', Arnoldo Mora Quesada, alias 'Galleta', Carlos Luis Monge Sandí, conocido como 'Tres Pelos', y Arnoldo Mora Portilla, alias 'Arnoldillo', a quienes vinculó con el caso en base a indicios y testimonios.
Una masacre sin culpables
Sin embargo, el expediente comenzó a desmoronarse. Dos de los señalados —'Viruta y 'Galleta'— murieron asesinados durante la investigación y, en 1992, un fallo judicial absolvió a los otros dos acusados y ordenó su liberación por falta de pruebas concluyentes.
La investigación estuvo plagada de irregularidades. Según exfuncionarios judiciales, la escena fue difícil de procesar y las pruebas balísticas nunca lograron vincular de forma concluyente el arma utilizada con los acusados. La falta de experiencia ante un crimen de esa escala también jugó en contra.
El caso terminó de cerrarse en términos judiciales en 1998, cuando prescribió con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, dejando sin posibilidad de juzgar a eventuales responsables.
Aun así, nunca hubo una versión definitiva de lo ocurrido. Otras teorías —como la posible participación de un atacante con entrenamiento militar— circularon con los años, pero ninguna logró ser probada.
