Justo un día antes de cumplirse los 51 años de la nacionalización del petróleo en Venezuela, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció la firma de un acuerdo sin precedentes con el Gobierno interino de Caracas para tomar "el control mayoritario" de más de 65.000 millones de barriles en reservas probadas de crudo en el país suramericano.
La cifra de Trump, cercana al 22 % de los 303.700 millones de barriles que posee Venezuela, fue usada por el mandatario estadounidense para calificar el acuerdo como el más importante de "la historia mundial", ya que supuestamente Washington logrará "más que duplicar" sus reservas de petróleo.
El anuncio del mandatario estadounidense tuvo tufo electoral. A poco más de dos meses de los comicios de medio término en EE.UU., el inquilino de la Casa Blanca afirmó que —gracias al pacto con Venezuela, del que aún no se conocen detalles operativos— el suministro de crudo en su país aumentará "considerablemente" y que, en consecuencia, se reducirán "sustancialmente" los precios de la gasolina, una promesa lanzada el mismo mes en que el carburante promedió un récord por encima de los 4 dólares el galón.
En estados como California, Hawái y Washington, la gasolina alcanzó hasta los 5 dólares, una situación que también impacta en precios de alimentos y otros rubros, debido a la alta demanda y la guerra desatada por EE.UU. en Oriente Medio, reseña la prensa estadounidense.
En paralelo, Trump lanzó un mensaje a Venezuela, al asegurar que "ayudará" al país suramericano, que durante los últimos meses presenta graves fallas en su servicio eléctrico nacional, para que "siga encaminándose hacia un éxito tremendo y una gran prosperidad", además de fortalecer "enormemente" la relación con Washington.
El acuerdo inédito del siglo
La nación suramericana y EE.UU. no establecieron ningún acuerdo energético de esta magnitud en lo que va de siglo, debido a que, desde la llegada del fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez, en 1999, las relaciones con la Casa Blanca pasaron por momentos de alta tensión en medio de señalamientos de Caracas hacia Washington por injerencia en los asuntos internos para generar un cambio de Gobierno.
La turbulencia diplomática, sin embargo, no impidió que Venezuela continuara vendiendo crudo a EE.UU., históricamente su mayor comprador, hasta que las sanciones petroleras impuestas tras la muerte de Chávez obligaron a la nación suramericana a buscar mercados, principalmente en Asia, para evadir las medidas punitivas, que hicieron que se dejara de percibir 99 % de los ingresos por el concepto de exportación de hidrocarburos.
A partir de 2022, luego de conversaciones entre la Casa Blanca y Miraflores, la Administración de Joe Biden autorizó a las empresas petroleras estadounidenses y europeas para que negociaran e iniciaran operaciones con el país suramericano, a pesar de que las sanciones no fueron levantadas. No obstante, con la llegada de Trump al poder, se recrudecieron las medidas punitivas hasta llegar a cerco petrolero previo al bombardeo del 3 de enero de este año.
Medio siglo de nacionalización
El 'gran acuerdo' ocurre a casi ocho meses de la incursión militar y bombardeos a Caracas, perpetrados el pasado 3 de enero por fuerzas especiales del Pentágono. El operativo terminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes siguen privados de libertad en Nueva York.
Sin embargo, hay otras sincronías. El pacto se anuncia medio siglo después después de ese 1 de enero de 1976, cuando la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) tomó oficialmente las riendas de la industria, luego del decreto de nacionalización firmado por Caracas el 29 de agosto de 1975.
A partir de entonces, el Estado venezolano asumió el control absoluto de su recurso natural energético, tras décadas en que las empresas internacionales explotaron el crudo sin mayores restricciones, lo que les permitió llevarse la mayor parte de las ganancias de esa actividad en el país suramericano.
El objetivo decretado por la nacionalización era que Venezuela tomara las riendas de los ingresos petroleros. Sin embargo, la decisión no dejó contentas a las empresas foráneas que vieron el potencial del país desde 1914, cuando ocurrió el famoso reventón del pozo Zumaque 1, en el campo de Mene Grande del estado Zulia.
La dictadura del petróleo
Cuando Venezuela comenzó su producción petrolera, el dictador Juan Vicente Gómez era quien gobernaba el país y negociaba los contratos a discreción. Esa opacidad le permitía a las empresas foráneas instalarse a explotar el crudo venezolano reportándole ganancias exiguas al Estado.
No obstante, los ingresos funcionaron como una bomba de oxígeno al Gobierno del dictador, que se afianzó en el poder hasta el año en que murió, en 1935. Para la década de 1940, el gobierno de Isaías Medina Angarita dio los primeros pasos para ponerle límites a las compañías foráneas y ampliar los rendimientos para el Estado, al promulgar dos leyes: la del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) y la de Hidrocarburos, que sustituyó la creada por Gómez.
Luego, en la administración de Rómulo Gallegos, hacia 1948, el Ejecutivo decretó la participación igualitaria entre el Estado venezolano y las empresas foráneas, bajo un esquema de ganancias a partes iguales, un 50/50 que ponía fin al privilegio que gozaban las transnacionales. No obstante, meses más tarde, un golpe de Estado derrocó al mandatario.
Previo a la nacionalización de 1975, el ministro de Minas, Juan Pablo Pérez Alfonzo, comenzó a diseñar una política petrolera con cinco directrices claves: no otorgar nuevas concesiones; cuidar la conservación de los yacimientos; mejorar el aprovechamiento del gas producido; vigilar la participación de la nación en las ganancias de la industria; y procurar la mayor industrialización del petróleo.
Estas premisas fueron fundamentales no solo para la nacionalización del crudo venezolano, sino también para la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). En 1960, los principales productores de crudo de Medio Oriente, Irán, Irak, Kuwait y Arabia Saudita, junto a Venezuela, decidieron unificar y coordinar políticas petroleras para asegurar precios justos y estables en el mercado internacional. Con los años, el bloque fue el primer escenario para promover las nacionalizaciones de la industria en los países miembro.
La firmeza de Chávez
Luego de 30 años de nacionalización del petróleo, todavía quedaban tratados que resultaban desventajosos para Venezuela porque privilegiaban los intereses de las compañías extranjeras. La situación fue denunciada en diversas ocasiones por el entonces presidente Chávez.
Por eso, al ganar la presidencia, una de las prioridades de Chávez fue promover la Asamblea Constituyente de 1999, que promulgó una nueva Constitución y dio a los yacimientos de hidrocarburos rango constitucional, al declararlos bienes de dominio público, inalienables, imprescriptibles y administrados por el Estado.
Desde entonces, el líder bolivariano empezó un sacudón interno y externo en la industria petrolera, que generó rechazo en las élites nacionales e internacionales, y le hizo ganar acérrimos enemigos que se confabularon hasta perpetrar el golpe de abril de 2002. No obstante, Chávez logró regresar al poder al cabo de días.
En adelante, el mandatario se mantuvo firme en la defensa de la soberanía venezolana sobre sus recursos y, el 1 de mayo de 2007, decretó la nacionalización de los proyectos de la Faja Petrolífera del Orinoco para asegurar el control mayoritario del Estado sobre ese territorio, clave para que el país fuese considerado como el de las mayores reservas de crudo mundial, muy por encima de Arabia Saudita (267.200 millones de barriles) e Irán (208.600 millones), según los datos más actualizados de la OPEP.
A Chávez también se le atacó por reinvindicar las reservas de crudo de la Faja. Enemigos políticos internos descalificaban el petróleo de esa zona al considerarlo como "bitumen" y de "mala calidad" por ser denso y extrapesado. El propio presidente Trump, que ahora alardea de haberse tomado como trofeo de guerra las reservas petroleras venezolanas, fue uno de los que criticó duramente y en diversas ocasiones el petróleo de la Faja al calificarlo como "horrible", una "basura" y "el más sucio del mundo".
Con eso en la mira, el mandatario intentó hacerle un jaque a todos los acuerdos signados en la llamada era de apertura petrolera, suscritos en la década de 1990. De hecho, ordenó que las empresas extranjeras cedieran la mayoría de las acciones al Estado venezolano, de manera que PDVSA asumiera al menos el 51 % del control de los proyectos.
La medida fue rechazada por compañías multinacionales como ConocoPhillips y ExxonMobil, que abandonaron el país y llevaron el caso a tribunales internacionales. Trump, tras el secuestro de Maduro en enero pasado, defendió el ataque a Venezuela al argumentar que el país suramericano le había robado "sus bienes".
La profundización de la nacionalización liderada por Chávez continuó en mayo de 2009, con la promulgación de una ley que reservó al Estado todas las actividades de apoyo logístico y técnico en el sector, asumiendo incluso a los trabajadores que eran 'tercerizados'.
Comienzo del asedio
Todas estas medidas fueron calificadas por las transnacionales como "despojo". A raíz de esto aumentaron las tensiones de Washington con Chávez y EE.UU. radicalizó su discurso contra Caracas. Tras la muerte del mandatario, el 5 de marzo de 2013, respaldó a los sectores extremistas de la oposición venezolana que, tras la primera victoria presidencial de Maduro, generaron violentas protestas.
En medio de ese contexto, el 8 de marzo de 2015, el entonces presidente estadounidense Barack Obama firmó la primera sanción formal contra Venezuela, con la Orden Ejecutiva 13692 que declaró a Venezuela como una "amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior". El argumento para esa escalada era que supuestamente se reprimían las protestas "pacíficas" opositoras.
Luego, Washington comenzó a emitir una diversidad de sanciones contra funcionarios públicos, empresas e instituciones estatales. Fue en la primera presidencia de Trump cuando EE.UU. emitió la primera medida coercitiva directa contra PDVSA, a través de una orden ejecutiva firmada el 25 de agosto de 2017, que prohibió establecer negocios con la estatal venezolana, acción que golpeó duramente al país suramericano.
Nueva etapa de "diplomacia" y "cooperación"
En medio del nuevo escenario político, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha defendido el pacto petrolero concretado con la administración Trump.
Rodríguez comentó que el acuerdo con EE.UU. contempla una concesión para el desarrollo de 17 campos petroleros estratégicos durante 25 años, con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios. Según detalló, el proyecto prevé ingresos totales de 209.335 millones de dólares para el Estado venezolano, con un precio de referencia de 65 dólares por barril.
"Tener recursos bajo tierra no es suficiente. Necesitamos inversión, tecnología, infraestructura y capacidad productiva para convertir esa riqueza en bienestar para nuestra gente", afirmó la mandataria para justificar el pacto con Washington. Además, aseguró que Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus riquezas bajo suelo, mientras utiliza capital, tecnología y capacidad operativa de EE.UU. para apalancar la recuperación de una industria estratégica, duramente golpeada por sanciones.
Según Rodríguez, el desarrollo de este pacto ayudará a que "existan más empleo, mejores salarios, tener servicios públicos, agua, electricidad, hospitales, escuelas, alimentación adecuada". Por ello, calificó el acuerdo como "un gran impulso a Venezuela" que impactará "en las próximas décadas" porque contempla "una inversión de más de 100.000 millones de dólares".
La víspera, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario secuestrado, recordó la postura de su padre sobre un posible acuerdo energético entre Washington y Caracas. "Plena disposición para el retorno de capitales estadounidenses al sector petrolero, bajo condiciones de respeto mutuo", escribió en X.
Un aliado inesperado
El lado estadounidense también ha puesto su ficha venezolana en el acuerdo. Se trata del polémico empresario Alejandro Betancourt, quien está al frente de North American Blue Energy Partners (NABEP), la segunda mayor productora privada de petróleo de Venezuela.
En un comunicado, la petrolera afirma que los Departamentos de Estado y de Guerra de EE.UU. alcanzaron un "acuerdo histórico" con NABEP con la finalidad de "expandir significativamente la producción de petróleo en Venezuela". Así, la empresa con sede en Barbados, "tendrá el control operativo del negocio", mientras que el Gobierno estadounidense "conservará los derechos sobre una participación del 35 % en la compañía, además de acceso preferencial al 20 % de la producción de la empresa a precio de costo".
NABEP, dice el texto, "controla ahora los derechos para comercializar más de 65.000 millones de barriles de reservas P1 en Venezuela". Por ello, el propio Betancourt agradece a Trump, al secretario de Estado, Marco Rubio y a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, "por su confianza" en la empresa.
Betancourt no es una figura desconocida. Desde el Gobierno de Hugo Chávez, el joven empresario firmó jugosos contratos con el Estado, entre ellos la creación de la empresa Derwick Associates de Venezuela S.A. para la construcción de plantas eléctricas, en medio de una emergencia energética que atravesó el país. Por eso, la prensa local llegó a tildarlo con el mote de 'bolichico'.
Betancourt tiene varios procesos legales abiertos en Venezuela, por presunta corrupción en PDVSA; así como expedientes abiertos en Europa y EE.UU. por presunto lavado de activos, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Sin embargo, niega los cargos que se le imputan.
Betancourt ha sido detenido dos veces en Londres, por orden de España y de Suiza, pero ha salido al pagar fianza. A pesar de que los cargos en su contra fueron retirados por presunta presión de Washington, en junio de este año la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española obligó a reabrir la investigación que lo implica.
Apoyos y rechazos
Las reacciones en Venezuela han sido encontradas. Mientras el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) expresó su respaldo, simpatizantes del chavismo protestaron en contra y rechazaron la presencia de EE.UU. en el país, al tiempo que exigieron mayor claridad sobre el convenio.
"Ningún venezolano puede estar de acuerdo con que le estén robando el petróleo", expresó uno de los manifestantes en Caracas. "Fuera los yanquis asesinos", "Ni imperialismo, ni sionismo. Respeto a nuestra soberanía"; "El diálogo es con el pueblo", fueron algunos de los lemas de pancartas que se vieron en una protesta en Caracas, donde también se recordó la lucha antiimperialista de Chávez.
En declaraciones a RT, el analista político Carlos Alberto Almeida calificó como de carácter "colonial" la relación actual entre EE.UU. y Venezuela. Por ello, cuestionó la viabilidad de alcanzar acuerdos con un país al que bombardearon, a cuyo presidente secuestraron y al que no se le retiran las sanciones.
A pesar de las resistencias internas, el acuerdo con EE.UU. avanza institucionalmente. Solo cuatro días después del anuncio de Trump, la Asamblea Nacional de Venezuela respaldó el pacto que le otorgará a Washington "el control mayoritario" de más de 65.000 millones de barriles en reservas probadas de petróleo venezolano. El aval se alcanzó con una "mayoría calificada evidente", es decir, a mano alzada, aunque varios diputados opositores se abstuvieron de votar.
La firma del acuerdo llega además en un momento clave para EE.UU., país que enfrenta una posible crisis debido a que el inventario de su Reserva Estratégica de Petróleo ha caído por debajo de los 300 millones de barriles, por primera vez desde la década de 1980, según datos de la Administración de Información Energética de EE.UU (EIA). El Departamento de Energía estadounidense libera 172 millones de barriles por el conflicto con Irán y, una vez completado el retiro, el inventario se situará en torno a los 243 millones.
Además, CNBC informó que las múltiples cavernas de sal donde EE.UU. almacena su petróleo estratégico podrían estar en riesgo por la rápida liberación que obliga la guerra con Irán. Expertos advierten que la situación generada por el conflicto en Oriente Medio puede dañar las 60 cavernas subterráneas ubicadas en la costa en Luisiana y Texas, lo que dificultaría la respuesta a futuras emergencias energéticas y elevaría los riesgos operativos y de integridad estructural de las cavernas.