Activistas de Greenpeace cortaron el mes pasado el agua de las oficinas de ACS, la empresa de Florentino Pérez, el conocido empresario español y presidente del club de fútbol Real Madrid, ubicadas en un emblemático edificio de la importante Avenida Pío XII de la capital española. Semanas después el mismo escenario era escogido por activistas de la ONG Ecologistas en Acción para realizar un acto de protesta tumbados en el suelo y teñidos de pintura roja que imitaba sangre; escogieron el día que tenía lugar la Junta de Accionistas de la empresa.
El lema de los primeros era 'ACS destruye los ríos de Guatemala', el de la segunda protesta 'ACS contra la vida'. Greenpeace eligió la acción simbólica de cortarles el agua para denunciar que la compañía española está dejando sin agua a miles de indígenas en Guatemala con sus proyectos. Ecologistas en Acción, por su parte, denunciaba las violaciones de derechos humanos y los impactos medioambientales de las empresas de Florentino Pérez tanto en el país centroamericano como en Palestina.
Buenos días Florentino.Qué tal se vive sin agua? Es lo que estás haciendo en Guatemala con los indígenas! Info https://t.co/Sbb8mxnpAA#AFlorentinoNiAguapic.twitter.com/V50Ypo1aFp
— Greenpeace Euskadi (@GreenpeaceEUS) 13 de abril de 2018
Acción directa no violenta de un grupo de activistas en las puertas de IFEMA (Madrid), donde se celebra la junta de accionistas de ACS. Denuncian la violación de derechos humanos de los megaproyectos desarrollados por la empresa presidida por Florentino Pérez. #ACScontraLaVidapic.twitter.com/CSMyi6Nyiu
— Ecologistas en Acción (@ecologistas) 8 de mayo de 2018
Estas han sido las últimas protestas en Madrid, pero el conflicto viene de lejos. Desde 2011 Florentino Pérez se enfrenta a las manifestaciones de las comunidades indígenas cercanas al proyecto Renace, que desde ese año está siendo construido por una filial de ACS, el gigante empresarial de Pérez, el Grupo Cobra. Con la ayuda de las organizaciones no lucrativas de defensa del medioambiente y de los derechos de los pueblos indígenas hace tiempo que se ha intentado internacionalizar la problemática, hacer partícipe a la opinión pública mundial de lo que está sucediendo en Guatemala.
Hay varias campañas de petición de firmas puestas en marcha por la ONG Alianza por la Solidaridad. Una de ellas pide la paralización de las obras. Ya lleva más de 32.000 firmas y cuando llegaron a las 25.000, el 2 de noviembre, realizaron una entrega en la sede de ACS. La otra pide la excarcelación del líder quekchí Bernardo Caal Xol, en prisión preventiva desde el 30 de enero. Más de 5.000 personas han firmado ya la petición.
Lee el caso de la hidroeléctrica que construye #ACS y colapsa un río en #Guatemala 👉 https://t.co/lR2WI9Gcdb#AFlorentinoNiAgua@greenpeace_esp ¡Súmate también a nuestra campaña de FIRMAS por #Libertadparabernardo! pic.twitter.com/aoTUEg5zrG
— Alianza (@AxSolidaridad) 13 de abril de 2018
Lo que está sucediendo en Guatemala es que alrededor de 29.000 pobladores de la etnia quekchí de las comunidades cercanas al río Cahabón, en el Departamento de Alta Verapaz, están dejando de tener acceso al agua. Este río es uno de los más extensos y caudalosos del país centroamericano. Nace en la Sierra de las Minas y desemboca casi 200 kilómetros después en el lago de Izabal. El Cahabón cuenta con hasta seis centrales hidroeléctricas, algunas ya en funcionamiento y otras en construcción. El resultado es que casi 30 kilómetros de este río se encuentran prácticamente secos, sobre todo en la época no lluviosa, que es cuando los habitantes más necesidad tienen de él.
Las comunidades de la región utilizaban el río para lavar, para pescar y, sobre todo, para proveerse de agua potable tanto para consumo personal como para abastecer sus cultivos.
Todo esto ha sucedido sin la consulta y el consentimiento de los pueblos indígenas afectados. El complejo Renace comenzó a construirse en 2002. Aunque estuvo precedido por la construcción de otra hidroeléctrica, Oxec, que ya se enfrentó a las mismas problemáticas. Renace consta de cinco fases repartidas en un extenso tramo del río Cahabón y desde el principio ha tenido graves carencias en los procedimientos de evaluación medioambiental.
El producto pretende ser la hidroeléctrica más grande del país. Aunque es propiedad de la empresa guatemalteca Corporación Multi Inversiones (CMI), ésta subcontrató la realización de las últimas tres fases (Renace III, IV y V) a la empresa española Grupo Cobra, perteneciente al conglomerado empresarial de Florentino Pérez, ACS, un gigante con más de 210.000 empleados y presencia en 80 países.
El Grupo Cobra tiene una amplia experiencia en América Central en la construcción de centrales minihidráulicas y de tamaño mediano. La visita en 2014 de Pérez a Guatemala reavivó las protestas, aunque nada cambió. Cobra siempre se ha remitido a que ellos solo son una subcontrata y no tienen nada que ver con las protestas de las poblaciones afectadas. Sin embargo, su participación está cuestionada en atención al principio de Debida Diligencia, que obliga a la protección ambiental en otros países.
Para el abogado de la organización guatemalteca Madre Selva, Vladimir Soto, como empresa internacional que trabaja en el territorio guatemalteco, "debió de garantizar que se cumplieran las leyes nacionales antes de iniciar la construcción de las hidroeléctricas, específicamente el derecho a la Consulta a Pueblos Indígenas". Por este motivo, Alianza para la Solidaridad presentó una queja ante ACS por no cumplir con estos requisitos así como las obligaciones de responsabilidad social empresarial a las que se encuentra sujeta la compañía.
Soto ha sido el encargado de presentar la acción constitucional de amparo contra el ministro de Energía y Minas guatemalteco en nombre de Ana Rutilia Ical Choc, vecina del municipio de San Pedro Carchá y miembro de la comunidad quekchí, por la construcción del proyecto Renace.
Desde 2002 las protestas se suceden. De hecho, las poblaciones de Santa María de Cahabón, del departamento de Alta Verapaz, a partir de 2015 han consolidado un movimiento de resistencia pacífica, en el que participan unas 115 comunidades, para realizar acciones con el fin de detener la instalación del ingenio hidroeléctrico a través de la Consulta Comunitaria que les permita decidir sobre sus bienes naturales y territorio.
La construcción de estas infraestructuras ha estado rodeada de denuncias de vulneración de derechos e impactos ambientales, de aumentar la conflictividad en el interior de las comunidades y de criminalización de los opositores.
La principal denuncia, nos cuenta Vladimir Soto, es la violación del derecho a la consulta previa, libre e informada de conformidad con lo establecido con el Convenio 169 de la OIT, "debido a que se implementan estos proyectos en territorio de pueblos indígenas, afectando su forma de vida y su cosmovisión maya". La consulta debió ser realizada por parte del Estado de Guatemala, pero al no realizarla, "las empresas involucradas debían de exigir su cumplimiento, en este tema se basa la acción de amparo interpuesta", nos relata el abogado.
La normativa establece que los estudios de impacto ambiental deben contar con un plan de participación pública que contenga la sociabilidad de proyecto en la comunidad, documentar que ha habido participación social y describir una metodología para la resolución de conflictos.
Guatemala hasta el año pasado no había ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que obligaba a reglamentar el procedimiento de consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas. En julio de 2017 el presidente de la República, Jimmy Morales, presentó la guía operativa para la implementación de la consulta a los pueblos indígenas. El derecho de las comunidades se ha visto restringido cualitativamente. Ya no podrán elegir sobre qué se les tiene que preguntar, y tampoco podrán decir 'no', puesto que este proceso busca ahora "acuerdos de mitigación de los impactos de la obra".
Lo cierto es que con anterioridad a la publicación de esta guía, los pueblos tampoco habían sido preguntados e informados. Los únicos trámites de los que hay constancia son los que hizo CMI para cubrir los trámites de Renace II y Renace III, cuando contrató a la consultora SIGA, que realizó una encuesta en la que tan solo preguntó a 57 personas sin dejar claro que el sondeo tenía que ver con el derecho de consulta. "Nadie nos explicó que nos íbamos a quedar sin río", aseguran los comunitarios en declaraciones recogidas en una investigación de la ONG Alianza por la Solidaridad.
En agosto de 2017 las comunidades decidieron votar por su cuenta en el municipio de Santa María de Cahabón, donde se obtuvieron 27.000 votos en contra de las hidroeléctricas y 20 votos a favor. El Estado no reconoció esta consulta.
El Informe Anual Circunstanciado 2017 del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, el último disponible, recoge que en todo el país entre 2000 y 2014 aumentó un 10% el número de trabajadores, mientras que el porcentaje de ingresos destinados a remuneraciones disminuyó más de un 3%. En ese mismo periodo la pobreza aumentó del 53 al 56% y la pobreza extrema lo hizo del 15 al 23%. El 70% de los trabajadores se encuentra en la economía informal y solo 3 de cada 10 igualan o superan el salario mínimo vigente. Obviamente, la situación de las mujeres es peor.
En este marco, el documento también denuncia que en el área rural del país el 33% de las viviendas no tiene acceso a agua, en conflictividad principalmente con agroindustrias, hidroeléctricas y minerías. El 90% de las fuentes del preciado líquido están contaminadas por la falta de tratamiento de las aguas residuales. Además, según el último dato del Banco Mundial, el 9% de los guatemaltecos no tiene acceso a luz eléctrica, unos dos millones de personas, sobre todo en zonas rurales.
En este contexto el grupo Cobra construye un complejo para CMI que producirá energía en parte para la exportación, en una zona, el departamento Alta Verapaz, en la que la mayoría de comunidades no tienen ni electricidad ni acceso al agua en sus viviendas, y ahora tampoco al río. Las quejas de los pobladores se centran en este aspecto en que el marco legal del país no protege el agua como bien público ni como derecho de la población, por lo que acaba predominando el derecho concesional a las industrias que precisan este recurso, mientras la población no dispone del mismo en cantidad y calidad suficiente.
"Los pueblos indígenas tienen una conexión especial con la naturaleza debido a su cosmovisión, para ellos el agua es vida y tienen respeto a los ríos, los cerros, la flora y la fauna", cuenta Vladimir Soto. Dependen del río para su subsistencia. Ellos se dedican a la agricultura y la pesca y utilizan sus aguas para consumo diario y el privarles de los ríos "les afecta directamente en su modo de vida", agrega.
Aunque la Constitución de 1993 en su artículo 127 establece que las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles y que debe haber una regulación legislativa sobre su aprovechamiento, ésta todavía no se ha producido. No existe un marco en la actualidad de protección al Derecho Humano al Agua y al Saneamiento y no se han ratificado los tratados internacionales sobre la materia.
En 2012, según el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2013 de la CEPAL, solo el 15% del agua abastecida por sistemas de red estaba desinfectada y solo el 66% de los usuarios tenían acceso a ella a través de un sistema de abastecimiento. La incidencia de enfermedades diarreicas en la población era alta.
Según Alianza para la Solidaridad, la forma más común de criminalizar las protestas y a sus líderes es a través de las acusaciones de los delitos de detención ilegal, secuestro, instigación a delinquir, terrorismo y usurpación agravada. El delito de terrorismo se aplica en casos de protestas que incluyen daños a bienes, como puede ser la maquinaria de un proyecto.
Pero los líderes comunitarios enfrentan también otro tipo de agresiones que incluyen desapariciones, torturas, violaciones o amenazas. También el uso arbitrario de la prisión preventiva.
Según recoge Alianza por la Solidaridad, solo en 2015 se contabilizaron 84 detenciones arbitrarias, 493 agresiones, 13 asesinatos y 8 intentos de homicidios. Las organizaciones que han investigado no conocen que se haya condenado a empresas por el asesinato de dirigentes indígenas.
Desde 2016 un total de 226 activistas han sufrido algún tipo de agresión, amenaza o intimidación.
La única sanción contra el Grupo Cobra conocida es una multa de 470.000 dólares por la destrucción de un bosque próximo a sus instalaciones.
El 30 de enero fue detenido Bernardo Caal Xol. Desde entonces se encuentra en prisión provisional, a la espera de juicio. Los cargos de los que se le acusa son de lo más "peregrino", cuenta a RT Rosa M. Tristán. Esta periodista de la ONG Alianza por la Solidaridad estuvo sobre el terreno documentando la situación en la región de Alta Verapaz. Bernardo Caal está acusado de robo y de secuestro, entre otros cargos. La legislación guatemalteca contempla como secuestro cualquier protesta que inmovilice un vehículo o que impida la salida o entrada de personas de cualquier instalación.
En una de las protestas contra el complejo hidroeléctrico los manifestantes bloquearon una furgoneta y sustrajeron algunos aparejos destinados a las obras, como picos y palas. Dos años después, trabajadores de la empresa dijeron que les parecía que Bernardo Caal estaba allí.
Caal es uno de los rostros visibles del descontento de las comunidades indígenas y quién firmó la primera denuncia judicial contra la predecesora de Renace, la hidroeléctrica Oxec, y para la periodista parece claro que ésta ha sido una manera eficaz de acallar a uno de los dirigentes.
"No es un asesino, no es un terrorista, es un maestro", dice Rosa M. Tristán, que nos cuenta como ésta es una de las prácticas que se llevan a cabo para presionar y acabar con las protestas. "Se trata de la palabra de los trabajadores vinculados a la hidroeléctrica contra la del líder quekchí, mucho tiempo después, no hay más pruebas", añade. Y estas acusaciones, según la entrevistada, son las que le mantienen en prisión preventiva. El pasado 19 de marzo el juez que debía encargarse del caso se inhibió. "La presión es constante de los poderes, a todos los niveles, que quieren paralizar este tipo de protestas", afirma la periodista.
Antes de ser encarcelado Bernardo Caal ya declaraba: "Temo mucho que ocurra conmigo lo mismo que sucedió con Berta Cáceres", la líder indígena hondureña que fue asesinada en 2016 tras denunciar durante años que recibía amenazas por parte de empresas y de fuerzas de seguridad del Gobierno, "aún así la mataron". "Castigar a un líder quekchí como yo para que las comunidades aprendan a no protestar en contra de las hidroeléctricas", es lo que pensaba Caal Xol que pretendía su persecución judicial, "si hay algo que no respetaron es consultar a las comunidades según el convenio 169 de la OIT", añadía.
La relatora especial de la ONU sobre Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, estuvo en Guatemala la semana pasada, y visitó a Bernardo Caal para mostrarle su apoyo y comprobar cúal es la situación de los integrantes de los pueblos indígenas.
Tras su visita de diez días iniciada el 1 de mayo, la relatora ha declarado que "no se respeta la tenencia de tierras, entonces muchos se encuentran desplazados por intereses de empresas globales". También aludió a la pobreza: "La tasa para estas comunidades está entre el 70 y el 90 por ciento. Algunos integrantes de estos pueblos son acusados penalmente de robo u otros cargos fabricados solo por encabezar protestas contra proyectos hidroeléctricos en sus tierras o contra la expansión de cultivos de aceite de palma que contaminan sus ríos".
En Guatemala, las ‘violaciones burdas’ a los derechos indígenas son ‘la punta del iceberg’, dice la relatora de la ONUhttps://t.co/SgcEghEz8Ypic.twitter.com/UBmoA8pjIZ
— UNSR_VickyTauli (@UNSR_VickyTauli) 11 de mayo de 2018
Vladimir Soto cree que el mensaje desprendido de esta visita es que permanece "la discriminación y segregación de los pueblos indígenas, quienes son despojados de sus tierras de manera ilegal para explotar los recursos naturales del país", y ante este despojo, "la lucha social de los pueblos por la defensa de su territorio es criminalizada por parte del sector empresarial y el mismo Estado de Guatemala".
El de Bernardo no es el único caso destacado. Lolita Chávez, lideresa indígena que fue finalista en el prestigioso premio Sarajov para la Libertad de Conciencia 2017 del Parlamento Europeo, ha llegado a pedir que Florentino Pérez "conozca a las comunidades que su empresa trata de eliminar en Guatemala", en declaraciones recogidas por el medio Contexto.
Durante la construcción de las instalaciones hasta 2014 se habían creado 800 puestos de trabajo, según declaraba Juan Carlos Méndez, directivo de CMI en una entrevista a Estrategia y Negocios en ese mismo año. Son contratos de baja cualificación en los que se contrata a los trabajadores por turnos de 15 días, a 13 euros el jornal. La investigación de Alianza por la Solidaridad no ha podido constatar que sean empleos formales, con seguridad social.
Aunque se trata de trabajo temporal, porque una vez concluidas las obras las instalaciones apenas necesitarán personal y éste será cualificado, por lo que no se podrá nutrir de la población local, esto ha dividido a las comunidades. Aquellos que tienen trabajo, aunque sea durante 15 días, son más proclives a apoyar las construcciones, aunque sea en contra del conjunto de la comunidad, nos relata la periodista M. Tristán.
También la empresa responsable de Renace ha llevado a cabo donaciones a las colectividades, como mochilas para los escolares o instrumentos de trabajo, como picos y palas. Al comienzo eran bien recibidos por parte de la población, aunque ya casi nadie va a recogerlos, constatan en Alianza por la Solidaridad. Ahora, cuando el proyecto está avanzando, son conscientes de que no traerán ningún desarrollo a la comunidad, ni acceso a luz eléctrica, y cada vez menos a un río que solo transporta el 10% de su caudal debido a las diferentes canalizaciones. Eso en época de lluvias. En la estación seca se pueden observar tramos secos y, a veces, los peces yacen amontonados por la falta de caudal. En muchas ocasiones ya no es posible tampoco la pesca.
También divide a los pobladores la compra de tierras. Entre aquellos que venden y no venden hay tensión. Aunque la mayoría de las comunidades han decidido no vender sus tierras a las empresas involucradas en Renace, algunos propietarios individuales han decidido hacerlo. Esto está dando diversos resultados. Se está produciendo el acaparamiento de tierras por propietarios medianos, para posteriormente revenderlas a mejor precio a los promotores de la hidroeléctrica.
Por otro lado, la concesión del uso del dominio público del río Cahabón por 50 años a Renace se contempla como una privatización de facto de un bien público, que no respeta el derecho a decidir de las comunidades indígenas sobre sus recursos naturales.
Una vez que las diferentes fases del ingenio hidroeléctrico estén terminadas, éste absorverá casi todo el caudal superficial del río Cahabón. El caudal mínimo ecológico, estipulado por las autoridades en el 10%, no basta para abastecer de agua a las poblaciones cercanas en los 30 kilómetros que ocupa el proyecto, ni siquiera para mantener la vida acuática en la época de sequía.
El caudal del río se encuentra contaminado por sedimentos y descomposición orgánica en el embalse, además de producirse la salinización del agua de riego por concentración de sedimentos. La organización guatemalteca Madre Selva ha constatado un aumento de enfermedades hídricas, la proliferación de vectores, escasez y contaminación del agua.
Las obras han deforestado gran parte de la zona, que se encuentra rodeada de un bosque tropical de gran biodiversidad. Ha sido lugar de asentamiento humano desde la época de los mayas. Según un estudio de Madre Selva, consultado por Alianza por la Solidaridad, alberga un total de 664 especies vegetales y la presencia de especies tan emblemáticas como el jaguar, el puma, el saraguate negro o el tapir, que se ven amenazados con el impacto de las obras.
Sus demandas se resumen en que se mantenga estable el caudal del río Cahabón de manera que sea suficiente para que se conserve su biodiversidad; que se financie y apoye el acceso a electricidad de las poblaciones aledañas; que se proporcione agua potable canalizada a toda la población; y que se construyan centros de salud y educación dotados de personal cualificado, así como una maternidad que atienda a las mujeres de la zona.
El abogado de Madre Selva resume el caso Renace en que se compra la voluntad de las personas mediante trabajos temporales o la construcción de una iglesia o mejoramiento de una escuela, pero no se implementa un proyecto de desarrollo social acorde a las necesidades de los pueblos indígenas. "En Guatemala las hidroeléctricas no pagan impuestos, debido a que están exentas de dicho pago, por lo que no hay ingresos para el Estado para invertir en educación, salud o vivienda", informa.
Estas empresas tampoco pagan las licencias de construcción a las municipalidades, pagan una cantidad mínima, por lo que tampoco a nivel municipal se obtiene beneficio alguno, y la generación de electricidad que realizan es para venderla para otros países como México y Honduras, por lo que tampoco se ven beneficiados con energía eléctrica. "En conclusión, únicamente son despojados de sus ríos y territorios de manera ilegal y no son beneficiados por la implementación de los megaproyectos", afirma Vladimir Soto.
Estos son algunos datos del departamento de Alta Verapaz, que acoge a la que será la mayor hidroeléctrica de Guatemala, donde se inserta el complejo Renace, recogidos en la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala:
El 92% de sus casi 228.000 habitantes están dispersos en 450 comunidades rurales mal comunicadas.
El 91% pertenece a la etnia maya quekchí.
La pobreza extrema alcanza al 53% (55 euros mensuales) y la pobreza al 88% (99 euros mensuales).
El 27% de la población es analfabeta.
El 56% de las mujeres no recibe asistencia en los partos.
En 2015 el 79% de las viviendas no contaban con suministro de agua y el 56% no tenían acceso a agua potable.
El 99% de las comunidades rurales consumía agua contaminada y no tenían sistemas adecuados de saneamiento en 2010.
El 63% de los hogares de San Pedro de Carchá (uno de los municipios más importantes afectados por Renace) no tenía acceso a suministro eléctrico en 2015.
Nuria López