La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, condenada por malvender pisos públicos a fondos buitre

Ana Botella, exalcaldesa de Madrid, ha sido condenada por el Tribunal de Cuentas, junto con otras siete personas de su Ejecutivo, al pago de más de 25 millones de euros por la venta de viviendas públicas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone a un precio por debajo de mercado, causando un gran perjuicio económico al Ayuntamiento de Madrid.

La sentencia considera que también salieron perjudicadas por la operación las familias vulnerables que ocupaban esos pisos en régimen de arrendamiento social, pues vieron abruptamente aumentados los precios ocasionando que muchas de ellas fueran desahuciadas.

La operación se produjo cuando Botella ostentaba el cargo de alcaldesa de la capital española, y las otras siete personas eran miembros de su Gobierno municipal. Todos ellos han sido considerados responsables de aquella venta, por lo que deberán asumir los intereses de la sanción hasta la ejecución completa de esta sentencia, contra la que cabe recurso en un plazo de 15 días.

El Tribunal considera probado que realizaron la venta sin una tasación fiable, sin publicidad, facilitando información privilegiada y obviando el interés público.

Procedimiento ilegal

Así, según el fallo, es indefendible que el Ayuntamiento no intentara sacar el máximo precio por la venta, no abriese un procedimiento con publicidad que fomentase las ofertas y no realizase una tasación fiable. El procedimiento para sacar a la venta los 1.860 pisos en 100 bloques de viviendas duró 14 días, tiempo que el Tribunal estima insuficiente para preparar una operación de este tipo.

También se concluye que hubo información privilegiada al fondo buitre Blackstone, que el Ayuntamiento se saltó todos los controles y que se pagaron 2 millones de euros a una empresa sin que se haya probado su participación en la compraventa.

Viviendas para colectivos vulnerables a saldo para fondos de inversión

Durante estos años se han sucedido las duras críticas de los inquilinos de esos pisos acerca del cambio de las condiciones de sus contratos cuando pasaron a depender de los fondos de inversión.

Y es que cuando los contratos de arrendamiento en vigor expiraban, los nuevos propietarios no conservaron las condiciones anteriores, que estaban pensadas para personas pertenecientes a colectivos vulnerables. Las fuertes subidas de los precios de los alquileres que instauró el nuevo dueño, Blackstone, propiciaron numerosos desahucios de inquilinos de estos pisos precisamente en los años más duros de la crisis económica, cuando el desempleo rebasaba ampliamente el 20%.

El fallo conocido abunda en este punto, puesto que el precio de venta fue inferior al precio estipulado para vender el inmueble si el inquilino, en riesgo de exclusión social, hubiera querido comprar su vivienda: "Resultaría jurídicamente inviable y socialmente indefendible que pudiera cobrarse un determinado precio máximo por la compra de un inmueble a una persona amparada por un régimen de protección social derivado de su situación de escasez patrimonial y, sin embargo, pudiera cobrarse un precio inferior por ese mismo inmueble a personas físicas o jurídicas que no gozaran de esa protección social al ser su situación financiera sostenible".

Esta sentencia, como ha recordado el concejal Carlos Sánchez Mato a través de un tuit, es el resultado de una demanda, tras una Comisión de investigación, que interpuso el actual equipo regidor del Ayuntamiento de Madrid, encabezado por la alcaldesa Manuela Carmena, hace ahora un año, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), que fue la entidad, que bajo el anterior mandato, se deshizo de los inmuebles a precio inferior al del mercado.

Agudización de la crisis de los desahucios

Cuando las entidades financieras cerraron el grifo de las hipotecas tras el comienzo de la crisis económica en España, parte de la presión se situó en el alquiler, que comenzó a experimentar subidas de precios. Y fue en este contexto cuando los fondos de inversión extranjeros aparecieron y se hicieron con un gran número de viviendas, entre las que se encontraban las que el Ayuntamiento de Madrid vendió de forma absolutamente irregular.

La cifra de desahucios en España no para

El aumento del precio de estos alquileres resultó especialmente sangrante para estas familias, que precisamente habían accedido a un alquiler social de una Administración Pública por su situación de vulnerabilidad. Así, fueron centenares los casos de desahucios que tuvieron a estas personas como protagonistas, agravando el problema de la vivienda que ya existía en el país.

Pero la crisis de los desahucios había comenzado con anterioridad, en el año 2008, con los desahucios hipotecarios, cuando miles de familias perdieron su casa al no poder hacer frente a la cuota de sus hipotecas.  Muchos se quedaron en paro, en un momento en el que el desempleo superó el 25% de la población. Así, las viviendas que adquirieron en época de bonanza se depreciaron enormemente, lo que significó que sin trabajo tuvieron que abandonar sus casas y, además, no pudieron saldar la hipoteca, por lo que además conservaban en su mayoría una abultada deuda con el banco.

Actualmente el ritmo de los desahucios sigue siendo alto y los llevados a cabo por el impago de arrendamientos superan ya a los procedentes de ejecuciones hipotecarias.