El Tribunal Supremo condena a 9 líderes del 'procés' en Cataluña a penas de entre 9 y 13 años por sedición

El Tribunal Supremo de España ha condenado este lunes a nueve líderes independentistas catalanes a entre 9 y 13 años de cárcel por su participación en el 'procés'. Por su parte, los otros tres acusados han sido inhabilitados durante 18 meses y tendrán que pagar una multa. 

La mayor sentencia ha recaído sobre el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, que afronta una condena de 13 años de prisión y otros 13 de inhabilitación por delitos de sedición en concurso medial y malversación de fondos públicos. Asimismo, los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa han sido condenados a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación por los mismos delitos.

Por otro lado, la expresidenta del Parlament de Cataluña Carmen Forcadell ha sido condenada a 11 años de cárcel, mientras que los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull afrontan 10 años y 6 meses de prisión. Sobre el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, recae una pena de 9 años de cárcel.

Por otro lado, la pena impuesta a los exconsejeros Santi Villa, Mertixell Borràs y Carlés Mundó consiste en 10 meses de multa con una cutoa diaria de 200 euros y 18 meses de inhabilitación política.

El tribunal, en su auto, concluye que los condenados idearon una "estrategia concertada" con "reparto de papeles" para alcanzar la independencia.

Además, considera probada la existencia de violencia durante el proceso, aunque no la suficiente como para acreditar un delito de rebelión, lo que hubiese aumentado las penas considerablemente. En este sentido, el fallo subraya que los hechos de violencia puntual que se produjeron tuvieron "absoluta insuficiencia" para imponer "la efectiva independencia territorial y la derogación de la Constitución en el territorio catalán". 

Importantes ausencias 

Siete personas acusadas en este proceso no han sido juzgadas, por encontrarse fuera de España huidos de la Justicia. Entre ellas está Carles Puigdemont, que ocupaba el cargo de presidente de la Generalitat en el momento en que se produjeron los hechos juzgados.  

También huyeron otros cuatro exconsejeros del Ejecutivo catalán de aquel periodo (Antoni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluis Puig) y las dos diputadas independentistas Anna Gabriel y Marta Rovira, de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) y Esquérra Republicana de Catalunya (ERC) respectivamente.

Reacciones políticas

El presidente de España en funciones, Pedro Sánchez, en una comparecencia ante los medios, ha dicho que "nadie está por encima de la ley" y que "en una democracia nadie es juzgado por sus ideas", "sino por delitos". Además, Sánchez se ha felicitado de que el proceso judicial se haya desarrollado con "plenas garantías y absoluta transparencia".

"Como corresponde a un Estado democrático y de Derecho, como el español, el acatamiento significa su íntegro cumplimiento", ha especificado el presidente, lo que podría ser un guiño para desmentir los rumores sobre su intención de indultar a los condenados.

Por su parte, el presidente de Cataluña, Quim Torra, ha afirmado que el fallo del Tribunal Supremo "es un insulto a la democracia y un menosprecio a la sociedad catalana". Además, ha afirmado que "Cataluña vive un día gris" porque "se ha condenado a 12 personas honorables, demócratas y pacíficas", a "cien años en conjunto". Torra ha exigido las liberación de los "presos políticos" y la amnistía para los políticos autoexiliados y "todas las personas represaliadas".

"La sociedad catalana sabrá responder a esta ignominia de la manera que siempre se ha expresado: con determinación, serenidad, firmeza y civismo. Con el sentido democrático y pacífico que nos caracteriza", ha aseverado el presidente catalán durante su discurso.

Por su parte, el expresidente catalán Carles Puigdemont, afincado en Bélgica, ha dicho que la sentencia "confirma la estrategia de la represión y la venganza contra todos aquellos ciudadanos que han buscado la vía de la democracia para hacer posible su voluntad". "No hay ningún delito en proponer a los ciudadanos que decidan libremente su futuro", ha sostenido.

Puigdemont ha tachado las condenas de "injustas y por tanto inhumanas" y ha reclamado "la necesidad de vivir en un país verdaderamente libre, donde la base de la libertad sea la voluntad de los ciudadanos, donde haya una verdadera separación de poderes y donde el jefe del Estado" sea votemos "entre todos" y se le puedan "pedir explicaciones de sus actos y opiniones".

"Volveremos más fuertes, más convencidos y firmes que nunca. Gracias a todos y persistir porque nosotros persistiremos siempre, siempre", ha afirmado por su parte Junqueras desde la prisión en la que se encuentra. 

También la entonces presidenta del Parlamento Catalán, Carme Forcadell, ha comentado la sentencia desde prisión. "La injusticia se ha consumado. El libre debate parlamentario no es delito, es un derecho ejercerlo y un deber defenderlo. No nos cansaremos de decirlo allí donde haga falta. Hoy la democracia vive un día oscuro, pero ni en momentos así el derrotismo debe vencer. ¡Vamos a salir!", ha denunciado. 

Historia del 'procés'

El proceso independentista Catalán y el posterior juicio a sus líderes han intensificado considerablemente el debate público en España sobre la integridad territorial de la nación y han azuzado la confrontación política entre los diversos partidos. De hecho, la postura de cada formación respecto a la crisis catalana ha constituido en cada caso un elemento primordial en sus respectivas propuestas electorales de cara a los diversos comicios que se han celebrado desde que estalló la crisis.

A pesar de que el Tribunal Constitucional de España suspendió el referéndum de 2017 varias semanas antes de su celebración, las autoridades catalanas, con el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la cabeza, decidieron celebrar una multitudinaria consulta en la que participaron, según los propios organizadores, algo más de dos millones de personas. De ellos, más del 90% habría votado que sí, siempre según el escrutinio del propio Ejecutivo catalán que lo impulsó, ya que el plebiscito no contó con supervisión externa ni con validación internacional de ningún tipo.

Lo que hay que saber sobre el juicio al proceso independentista de Cataluña

En cualquier caso, los dirigentes del Gobierno catalán y del Parlamento autonómico dieron validez a los resultados, interpretándolos como un mandato de la ciudadanía, y procedieron a proclamar la independencia de la república catalana en el Parlamento de la región. Entre sus argumentos  siempre figuró también el hecho de que en su programa electoral, votado mayoritariamente en Cataluña, ya figuraba un proyecto soberanista cuyo fin era la proclamación de un Estado independiente, por lo que su tarea como Ejecutivo incluía esta hoja de ruta.  

La respuesta del Gobierno Central, con Mariano Rajoy (Partido Popular) al frente fue expeditiva, y no exenta de polémica: aplicó el artículo 155 de la Constitución Española (poniendo en marcha un mecanismo por el que el Estado suspendía la autonomía de Cataluña y se hacía cargo provisionalmente de la gestión de la región); destituyó al Gobierno de Puigdemont en bloque, y convocó elecciones que se celebrarían dos meses después. 

En paralelo, la Justicia encausó a los responsables del proceso independentista, y llevó a cabo una severa instrucción judicial a cargo del Juez Pablo Llarena, centrada, principalmente, en dilucidar si los acusados habían instrumentalizado la violencia (y el dinero público) para la obtención de sus objetivos soberanistas. Una vez terminada la fase de instrucción, el Tribunal Supremo se hizo cargo de la causa, en este juicio que ya es parte importante de la historia política de España.