Islas del Pacífico instan a Japón a aplazar la descarga de agua de la central nuclear de Fukushima
Las naciones insulares del Pacífico instaron este miércoles a Japón a que aplace el vertido de agua que se almacena en la planta nuclear de Fukushima-1, debido al posible impacto que puede tener en la industria pesquera.
"La región se mantiene firme en su posición contraria a que se realice la descarga hasta que todas las partes verifiquen científicamente que es segura", indicó Henry Puna, secretario general del Foro de las Islas del Pacífico (FIP), que reúne a 17 países insulares de la región, en un seminario científico virtual para discutir el tema.
"Debemos evitar acciones que nos conduzcan o nos despisten hacia otra gran catástrofe de contaminación nuclear a manos de otros", aseveró. En este sentido, recalcó que no "tiene duda" de que "es absolutamente necesario disponer de más tiempo para considerar completamente todas las implicaciones de semejante decisión antes de elegir el curso de acción" que "no solo convenga a Japón", sino a todas las naciones insulares.
Paralelamente, la FIP esgrime que el vertido de agua podría tener un gran impacto en los caladeros de la región, de los que dependen las economías insulares. Puna también recordó que los isleños aún "sufren a diario las consecuencias a largo plazo" provocadas por las pruebas nucleares realizadas por EE.UU. en las décadas de 1940 y 1950.
El Gobierno japonés anunció la semana pasada que en primavera o en verano empezará a descargar en el océano agua ligeramente radiactiva de la central destruida por un tsunami en 2011. A día de hoy, en el territorio de la planta se almacena un millón de toneladas de agua en unos 1.000 tanques.
Las autoridades japonesas insisten en que el agua fue tratada para eliminar la mayoría de los materiales radiactivos y no supondrá una amenaza para la salud humana ni para el medioambiente marino.
Sin embargo, estos residuos aún contendrán tritio, una forma radiactiva de hidrógeno natural que, técnicamente, resulta difícil de separar del agua.
Según el nuevo plan, el Gobierno asignará 385 millones de dólares a los pescadores locales que temen que un eventual daño reputacional afecte a sus ventas.