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La Fiscalía española pide cárcel para la cúpula de Interior del Gobierno de Rajoy en un escándalo político, policial y mediático
En el marco del 'caso Kitchen', que investiga una trama política y policial para tapar pruebas de corrupción del Partido Popular, también se han conocido movimientos de guerra sucia contra el independentismo catalán y Podemos.
Desde que el pasado viernes se conociera el escrito de acusación de la Fiscalía de España contra los acusados del 'caso Kitchen', un goteo de informaciones no han parado de salpicar al Ministerio del Interior del anterior Ejecutivo español, presidido por el conservador Mariano Rajoy.
El escrito incluye unas elevadas peticiones de cárcel para quienes son considerados responsables de un operativo policial ilegal montado para tapar la corrupción del Partido Popular (PP), entonces en el poder.
Además, se relatan las operaciones en las que están implicados mandos políticos, policiales y mediáticos tramados para difundir en los medios de comunicación informaciones falsas de los partidos independentistas catalanes y de Podemos, en un momento en el que las encuestas eran especialmente favorables a estos últimos y en el que podían entrar por primera vez en el Gobierno.
¿Qué es el 'caso Kitchen'?
Con el nombre de Operación Kitchen se conoce al operativo policial presuntamente montado desde el Ministerio del Interior dirigido entonces por Jorge Fernández Díaz para espiar al que era tesorero del PP, Luis Bárcenas, y arrebatarle la documentación comprometedora que tuviera en su poder.
Todo ello sin control judicial, utilizando métodos ilegales y dinero de las arcas públicas, llegando a producirse actuaciones verdaderamente graves, como el secuestro de la mujer y el hijo del tesorero por un individuo disfrazado de cura.
¿Quiénes son los principales acusados?
El principal acusado es el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para quien el Ministerio Fiscal pide 15 años de prisión y 33 de inhabilitación. La misma pena que se solicita para su número dos, Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad, y para quien era jefe de la Policía Nacional, el comisario Eugenio Pino. Los tres están acusados de los delitos de malversación, encubrimiento y contra la intimidad.
Además, hay otro buen número de personas que ostentaban cargos policiales entre los acusados: para el excomisario jubilado José Manuel Villarejo se piden 19 años de prisión y 33 de inhabilitación, al añadirle el delito de cohecho pasivo propio; al comisario Andrés Gómez Gordo, 15 años de cárcel y 48 de inhabilitación; para el comisario Enrique García Castaño, 12 años y 6 meses de cárcel y 28 años de inhabilitación; para el policía Sergio Ríos, quien fue chófer de Bárcenas, 12 años, 5 meses y cinco días de cárcel y 13 años y 9 meses de inhabilitación; y para el antiguo jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Marcelino Martín Blas, 2 años y seis meses de cárcel y 9 años de inhabilitación por un delito de encubrimiento.
Además, la Fiscalía no descarta la participación de otras personas de diferentes instancias que finalmente quedaron fuera de la causa, en lo que parece una clara alusión a María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del Partido Popular y ministra de Defensa, a quien el Ministerio Público intentó procesar.
¿Qué corrupción se quería tapar?
Los hechos investigados se remontan al periodo entre los años 2016 y 2019. Entonces la Justicia estaba investigando el conocido como 'caso Gürtel', un entramado de corrupción vinculado al Partido Popular que ha derivado en multitud de causas judiciales debido a su descomunal tamaño.
La trama funcionaba principalmente en las regiones de Madrid y Valencia, donde un conglomerado de empresas utilizaban dádivas y comisiones para obtener contratos públicos.
Derivada de la trama Gürtel se investigó también el conocido como 'caso Bárcenas', relativo a la contabilidad B del PP, que incluiría la recepción de donativos ilegales de empresarios y el reparto de dinero negro a los dirigentes del partido.
Las operaciones policiales ilegales puestas en marcha por la Operación Kitchen tenían como objetivo impedir que material incriminatorio para el Partido Popular y sus dirigentes llegaran a incluirse en las causas judiciales.
Una de sus primeras acciones fue la captación como confidente de Sergio Ríos, un policía que hacía labores de chófer para Bárcenas y que era persona de la máxima confianza del entonces tesorero del partido. Ríos recibió 54.000 euros de los fondos reservados del Estado.
Además, según el escrito de la Fiscalía se realizaron vigilancias a Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, en las que intervinieron hasta 70 agentes para investigar donde se podría encontrar la documentación comprometedora. Se realizó una entrada ilegal en un inmueble utilizado por Iglesias y se hicieron copias ilegales de los teléfonos móviles del matrimonio.
Guerra sucia contra el independentismo
El sumario del 'caso Kitchen' también incorpora cientos de mensajes de Whatsapp intercambiados entre el número dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, y el jefe de la Policía Nacional, Eugenio Pino, de los que se extrae la estrategia de esa cartera para investigar a Podemos y a los partidos independentistas catalanes, algunos de los cuales ha desvelado El País.
Así, desde 2012 el departamento entonces dirigido por Fernández Díaz había difundido informaciones a través de filtraciones a medios de comunicación dirigidas contra líderes independentistas como método para hacer frente al desafío nacionalista, que en 2014 realizó una consulta popular no vinculante sobre la independencia de Cataluña.
En ese contexto, se difundió un supuesto informe policial, que no contenía sello ni firma, donde se detallaban diferentes casos de corrupción de dirigentes independentistas que nunca fueron confirmados.
Así, el entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, llegó a enfrentarse a una causa judicial por supuestamente tener dinero negro en Suiza basada en este tipo de informaciones. La causa fue finalmente archivada ante la comprobación de su falsedad.
Cacería contra Podemos
En los mensajes incluidos en el sumario de Kitchen también se encuentran alusiones a Podemos. La formación, nacida en 2014, había obtenido 69 escaños en las elecciones de diciembre de 2015, convirtiéndose en la tercera fuerza en el Congreso.
Poco después, en enero de 2016, comenzó a circular el 'informe PISA', como acrónimo de Pablo Iglesias S.A., quien entonces lideraba la formación. El documento, que sostenía que el Gobierno de Irán había financiado a Iglesias, se distribuyó desde el Ministerio del Interior.
Ese informe sirvió de base para diversas querellas judiciales, que fueron archivadas, e incluso fue incluido en una denuncia de la Policía ante el Tribunal de Cuentas, que también fue archivada. Sin embargo, ocupó portadas e infinidad de tiempo en televisión, vinculando a Podemos con financiación proveniente de Venezuela e Irán.
Las conversaciones entre el comisario García Castaño y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, también dan cuenta de su intento de torpedear las negociaciones entre el Partido Socialista y Podemos para un cambio de Gobierno a principios de 2016, según los WhatsApp destapados por eldiario.es.
García Castaño, conocido como el 'Gordo', ofreció a Martínez información sobre distintos candidatos de Podemos, pero solo pudo aportar que un senador de esa fuerza política era un etarra arrepentido.
El número dos del Ministerio del Interior reaccionó: "Digo que si los demás están limpios... tampoco violencia callejera, anarcas, etc???". El comisario contesta: "Lo vuelvo a mirar, pero creo que no". Entonces Martínez dice: "¡Cagüenlaputa! Alguno tiene que ser chungo".
Estos y otros mensajes, hallados en el teléfono de Martínez, son algunas de las pruebas de las maniobras del Ministerio del Interior contra Podemos, que se suman a lo hallado en las abundantes grabaciones y anotaciones incautadas al excomisario Villarejo.
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