Los movimientos feministas en España se movilizan este 8M en plenas fricciones del Gobierno bicolor

Por segundo año consecutivo España llega al 8M, el Día Internacional de la Mujer, con el movimiento feminista dejando ver las distintas vertientes y sensibilidades que lo componen, cristalizado en la convocatoria de dos manifestaciones paralelas en la mayoría de las ciudades españolas.

Además, este día se ha convertido también en objeto de batalla en el seno del Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez y conformado por el Partido Socialista (PSOE) y Unidas Podemos (UP).

De fondo, la fractura que ha supuesto la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí' y sus efectos "no deseados", como se ha calificado desde el Ejecutivo la aplicación retroactiva de la norma que han realizado diversos tribunales y que ha supuesto la minoración de centenares de condenas de agresores sexuales.

La ley trans, con el reconocimiento de la autodeterminación de género; las posturas abolicionistas de la prostitución o las que abogan por el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales; o la manera de abordar la regulación de los vientres de alquiler, son otros de los aspectos que provocan profundas divisiones en el seno del movimiento.

Dos manifestaciones

En Madrid, al igual que en otras muchas ciudades del Estado, este miércoles recorrerán sus calles dos manifestaciones. Una de ellas será convocada por la Comisión 8M, que durante años ha estado al frente de las marchas esta jornada. A partir de las 19 horas, su recorrido unirá la plaza de Atocha con la plaza de España bajo el lema 'Somos el grito necesario. El feminismo lo está cambiando todo'. 

Por su parte, el Movimiento Feminista de Madrid ha convocado otra marcha, que recorrerá la calle Atocha hasta la plaza de las Provincias, y que llevará por lema 'Feministas en lucha. Por los derechos de las mujeres'.

La primera marcha es más afín a los postulados del Ministerio de Igualdad, encabezado por Irene Montero, de Podemos, impulsora de las legislaciones contra la discriminación de las personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ, de la ley trans y de la ley conocida como del 'solo sí es sí', entre otras normas. 

Por su parte, la segunda manifestación, que el año pasado fue minoritaria, se encuentra más cercana a los postulados de parte del Partido Socialista. Ese sector, encabezado por la exvicepresidenta Carmen Calvo, se ha opuesto a alguna de las leyes propiciadas por el departamento de Igualdad y ha sido especialmente crítico con la gestión de Montero, de quien han llegado a reclamar la dimisión.

Varias ministras del sector socialista han anunciado que acudirán a la marcha tras la pancarta de la manifestación convocada por la Comisión 8M, como la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, o la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.

Por su parte, desde el Partido Popular (PP), principal partido de la oposición, se ha optado por apoyar la marcha del Movimiento Feminista de Madrid, a pesar de que los convocantes también son muy críticos con el Gobierno regional de Madrid, encabezado por la popular Isabel Díaz Ayuso, quien ha anunciado que no acudirá a ninguna movilización.

¿Cuáles son las principales discrepancias?

En los últimos meses, el mayor punto de fricción ha sido la aprobación de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida como la Ley Trans, que incluye el reconocimiento de la autodeterminación de género registral sin ningún requisito, a partir de los 16 años.

Desde el bloque de la Comisión 8M han respaldado la nueva norma, considerando que se trata de la consagración de derechos para uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad. Desde el otro sector, se asegura que la norma desdibuja los conceptos de sexo y género y que puede dar al traste con la lucha contra la opresión de género basada en el sexo.

También hay debate en torno a la prostitución, las primeras son partidarias de otorgar derechos a las trabajadoras sexuales, mientras que las segundas abogan por prohibir la prostitución argumentando que así se acabaría también con la trata con fines de explotación sexual.

Asimismo, existen discrepancias acerca de la regulación o prohibición de la gestación subrogada, conocida como vientres de alquiler.

Reforma de la ley del 'solo sí es sí'

Además, en el plano político, la jornada previa a este 8M se ha votado en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de la reforma de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, llamada ley del 'solo sí es sí'.

Desde que la ley entró en vigor el pasado mes de octubre, ha sucedido un goteo de revisiones de condenas de agresores sexuales, que han provocado la reducción de las sentencias de alrededor de 700 procesados.

El asunto ha sido el centro del debate público en el país durante semanas, en las que el Gobierno ha recibido duras críticas por parte de la oposición política, mientras que desde el Ministerio de Igualdad se ha argumentado que un sector de los jueces estaba haciendo una aplicación incorrecta de la norma, al beneficiar retroactivamente incluso aquellos casos en los que la misma pena podía ser impuesta con la nueva legislación.

En este escenario, el Partido Socialista ha presentado una propuesta de reforma para corregir esos efectos "indeseados", algo controvertido jurídicamente, puesto que una norma con penas más elevadas no podrá ser usada retroactivamente, algo solo reservado para las leyes más beneficiosas para el reo.

La iniciativa de los socialistas no ha contado con el respaldo de Unidas Podemos, que a primera hora del martes anunció que votaría en bloque en contra de la reforma, incluidos los ministros de su formación, como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La votación salió adelante con el apoyo del conservador Partido Popular, con una amplia mayoría de 231 votos a favor y 56 en contra, y dejó la imagen de la soledad de la bancada del Gobierno, prácticamente vacía y tan solo ocupada por Montero y la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, también de Unidas Podemos.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del martes, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, insistió en que hay muchas más cosas que unen a los socios del Gobierno, en concreto en el ámbito de la lucha por la igualdad, que las que les separan.

Así, tanto ella como la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, han sacado pecho de los logros del Ejecutivo bicolor en esta materia, nombrando el aumento del salario mínimo interprofesional -de un 8% este año y de 46 % desde el inicio de la legislatura- y la reducción de la temporalidad con la reforma laboral, aprobada el año pasado, como medidas que han beneficiado especialmente a las mujeres.

También reseñaron la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que garantiza para las trabajadoras domésticas los mismos derechos que para el resto de los asalariados o el apoyo a las mujeres trabajadoras en el ámbito rural.

Escenario preelectoral

Este miércoles se escucharon crudos reproches entre los socios del Gobierno. Especialmente dura fue la intervención de la diputada de Unidas Podemos Lucía Múñoz, que calificó de "aplauso de la vergüenza" el apoyo de socialistas y populares a la reforma de la ley del 'solo sí es sí', acusando a los primeros de eliminar el consentimiento del Código Penal y de ceder ante la "embestida" de la derecha y el "chantaje" de una minoría de jueces.

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Por su parte, el Partido Socialista, por medio de su portavoz parlamentario, Patxi López, calificó a los morados de "irresponsables" y sostuvo que era "impresentable" que se les acusara de pactar con el Partido Popular y la ultraderecha de Vox.

A pesar de los tensos momento vividos en la jornada de ayer en el Congreso, ninguno de los socios del Ejecutivo contempla la ruptura de la coalición de Gobierno, aún menos teniendo en cuenta que quedan poco más de dos meses para una doble cita electoral.

El 28 de mayo se celebrarán comicios municipales en todo el país y regionales en la mayoría de las Comunidades Autónomas. Además, apenas seis meses después llegarán las elecciones generales. En esta situación, son muchas las voces que llaman a aminorar el tono de los enfrentamientos.

Una de ellas es la de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, perteneciente al espacio de Unidas Podemos, pero que no proviene de la formación morada –como la ministra de Igualdad– sino de Izquierda Unida.

Díaz hizo acto de presencia en el hemiciclo minutos antes de que se llevara a cabo la votación, y si bien cumplió con la disciplina de voto de su partido, evitó respaldar las duras críticas vertidas por UP, así como la postura de los socialistas. En una breve intervención ante los periodistas, dijo: "Creo que nunca debimos haber llegado hasta aquí. Esto es lo que tengo que decir".