Radiografía del saqueo: Ana Lilia Pérez desnuda el 'modus operandi' del neoliberalismo en México

Para Ana Lilia Pérez, una de las periodistas de mayor reconocimiento internacional, el neoliberalismo –cuyas políticas comenzaron a implementarse en México a principios de la década de 1980– instaló un conjunto de mecanismos para saquear el patrimonio nacional.

Derroches desde las altas esferas del poder, socavamiento deliberado de empresas públicas y reformas estructurales dirigidas a construir un andamiaje legal para justificar el atraco, se documentan en su más reciente libro, 'Hijos del neoliberalismo' (ed. Grijalbo, 2023).

En la actualidad, bajo el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la periodista si bien reconoce importantes avances, puntualiza que no se han terminado por erradicar por completo las prácticas del pasado.

RT: ¿Consideras que el 'modus operandi' del neoliberalismo descrito en tu libro sigue vigente? ¿Cuál es tu balance sobre el rol del Gobierno actual en el combate de estas prácticas?

A.L.P.: No es una pregunta fácil de responder. No podría darte un 'sí' o un 'no'. No puede analizarse de forma simplista. Habría que ir revisando diferentes aristas.

Cuando expongo los mecanismos que constituyeron ese 'modus operandi', observamos que operaron a través de distintas esferas: local, estatal y federal. Para mí representa un avance importante que el Gobierno actual haya tomado la decisión no solo de no privatizar empresas públicas, sino de fortalecerlas.

Recordemos que al principio de esta Administración se reconoció que el robo de combustible (también conocido como 'huachicol'), que yo había documentado en mi libro 'El Cártel negro' (ed. Grijalbo, 2011), representaba un grave problema para las finanzas públicas.

El Poder Judicial ha representado un enorme obstáculo, prácticamente se ha puesto al servicio del mejor postor, dedicado a favorecer intereses de particulares. Nunca ha privilegiado el interés público.

Ese para mí es otro avance importante, ya que no solo se reconoce el problema, sino que se plantea una estrategia para combatirlo. Y como esta, hay otras acciones para fortalecer a las empresas públicas.

El hecho de que los salarios y privilegios de los altos funcionarios resultaran ofensivos para los ciudadanos, y este Gobierno se haya planteado una política de 'austeridad republicana', creo que será recordado como uno de sus principales aportes.

Ahora bien, hay que reconocer que hay asuntos pendientes. Es necesario fortalecer la vigilancia y el seguimiento sobre la administración de recursos públicos y el patrimonio de los funcionarios.

RT: Cuando estaba en la oposición, López Obrador prometió echar atrás la reforma energética en caso de llegar a la Presidencia, sin embargo, esto no sucedió. Tampoco se ha informado sobre la revisión de contratos en aguas profundas. ¿Consideras que hay un cambio de fondo en la política energética? ¿Los alegatos de EE.UU. sobre un supuesto incumplimiento del T-MEC podrían dejar sin efectos las reformas aprobadas en este sexenio?

A.L.P.: Dentro del plan original de este Gobierno se había planteado el fortalecimiento de las empresas públicas y, junto con eso, la revisión de las mal llamadas reformas estructurales que fueron aprobadas durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

A la luz de sus resultados, las reformas estructurales fueron un fracaso. Por lo tanto, estaba claro que se tenían que revisar y echar atrás todos los mecanismos que socavaban a las empresas públicas estratégicas, no solo Petróleos Mexicanos, sino también la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Y es que, aunque Pemex y la CFE no se privatizaron formalmente, se había creado un modelo de asignación de contratos, muchos de ellos a través de actos de corrupción.

Por ello, cuando el Gobierno actual asume el poder en 2018, con toda esa fuerza de representación en el Congreso, era muy importante plantear contrarreformas.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las empresas privadas (nacionales y extranjeras) ya habían alcanzado un nivel de operación muy alto dentro de las empresas públicas, lo mismo sus complicidades con el Poder Judicial.

Lo vimos con los contratos de autoabasto en el caso del sector eléctrico. Tú mencionabas los contratos en aguas profundas. Lo ideal, sí, por supuesto, era que todos los contratos se revisaran y se cancelaran los que resultaran lesivos.

No obstante, el Poder Judicial ha representado un enorme obstáculo, prácticamente se ha puesto al servicio del mejor postor, dedicado a favorecer intereses de particulares. Nunca ha privilegiado el interés público.

Además, has tocado un punto medular: los arbitrajes internacionales que buscan dejar sin efecto las propuestas de reforma hechas durante la presente Administración. No hay duda de que desde el exterior se ha intentado detener el fortalecimiento de las empresas públicas de carácter estratégico.

RT: En tu libro sostienes que la Fiscalía no ha dado buenos resultados. Sin embargo, nadie le exige cuentas a su titular, Alejandro Gertz Manero. De hecho, por ley, su gestión continuará durante el próximo Gobierno.

A.L.P.: En este país se avanzó con la conformación de una Fiscalía autónoma. La autonomía implica muchas atribuciones, pero también debería incluir más responsabilidades. La autonomía, lamentablemente, se ha usado de mala manera.

Desde diferentes ámbitos se ha observado cómo la Fiscalía ha utilizado la autonomía como una justificación para no rendir cuentas.

Con todo, nada impediría que el Senado llame a cuentas al fiscal y, sin embargo, no lo ha hecho. Ninguno de los grupos políticos le ha exigido resultados.

Vemos cómo a la Fiscalía se le caen los casos de delito de 'cuello blanco'. Estamos ante un fiscal que, en efecto, su gestión será transexenal, y cuyos resultados hasta el momento han sido deficientes.

Incluso hay casos escandalosos que lo involucran a él mismo. Se han expuesto los pleitos con su familia política y cómo hizo de la Fiscalía una especie de oficina para gestionar sus asuntos personales. Es muy preocupante, se terminó convirtiendo en un 'elefante blanco'.

No se podrá avanzar en el combate a la corrupción y la impunidad, una de las problemáticas que más ha lacerado a este país, si persiste este mal desempeño. Y no solo es un problema en el ámbito federal, existe también en las fiscalías locales.

RT: Las Fuerzas Armadas han adquirido un mayor protagonismo durante este sexenio, tanto en la economía como en la administración de proyectos estratégicos. En 'Los hijos del neoliberalismo' alertas sobre la resistencia de las Fuerzas Armadas frente a la transparencia y rendición de cuentas.

A.L.P.: Todo recurso público debe estar sujeto a rendición de cuentas de manera permanente. Yo no coincido con esa idea de que "todos los civiles son corruptos y todos los militares son impolutos".

Hablo con base en mi experiencia, por las investigaciones que he realizado, por ejemplo, sobre el robo de combustible. En esa investigación batallé mucho para obtener información de las bitácoras que daban cuenta de la vigilancia de los ductos de Pemex.

Me parece que en la medida en que se han venido otorgando mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas, deberían robustecerse, en simultáneo, los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

El problema es que las Fuerzas Armadas son muy proclives a argumentar que se trata de "asuntos de seguridad nacional". Sin importar de qué Gobierno se trate, las Fuerzas Armadas hacen uso de este artilugio.

Me parece que en la medida en que se han venido otorgando mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas, deberían robustecerse, en simultáneo, los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Cuando estaba en el proceso de elaboración de este libro, solicité información sobre lo que fue el Estado Mayor Presidencial.

Como sabemos, a partir de este Gobierno sus elementos pasaron a formar parte de las Fuerzas Armadas. La respuesta que me dieron fue que, o eran asuntos de seguridad nacional, o que la información era inexistente.

RT: El debate sobre un impuesto a la riqueza, una de las propuestas que tú consideras muy relevante, parece inconcebible en México. De hecho, figuras que hoy impulsan el frente opositor, como José Ángel Gurría, pero también quienes están del lado del oficialismo, como Ignacio Mier y Patricia Armendáriz, avalaron y operaron el Fobaproa, pieza clave de la política de saqueo que documentas. Todo parece indicar, entonces, que el neoliberalismo no ha muerto.

A.L.P.: La clase política en nuestro país suele tener memoria muy selectiva. Cuando se aprobó el Fobaproa [Fondo Bancario de Protección al Ahorro, creado en 1990 para que la deuda privada pasar a ser pública] quienes estaban en el PRD denunciaron que era "el robo del siglo".

Y en la actualidad, como parte de la alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), el partido del sol azteca hizo de José Ángel Gurría uno de sus principales ideólogos, aun cuando este fue parte del gabinete presidencial que impulsó el Fobaproa.

El Fobaproa fue el mecanismo para endosar a la sociedad mexicana quebrantos bancarios. En mi más reciente libro se documenta que se trata de una deuda que, hasta la fecha, se ha pagado más de dos veces y, sin embargo, sigue siendo inmensa.

Has planteado casos de personajes que operaron, o avalaron con su voto en el Congreso ese atraco. Son personajes que, aunque hoy tienen una narrativa distinta, en el pasado fueron responsables de decisiones que tuvieron un impacto muy negativo para el interés público.

Está probado que el modelo de privatizaciones solo ha generado más pobreza. Y hay una lucha permanente por regresar a ese modelo. Lo estamos viendo en Argentina con el triunfo de Javier Milei, cuyo proyecto es una especie de 'neoliberalismo recargado'.

Cuando desde este Gobierno se les dice a los grandes empresarios que, ahora sí deberán pagar los impuestos que les corresponden y, en respuesta, se lanzan a una 'guerra litigiosa', es evidente que se van a oponer a discutir el tema de un impuesto a la riqueza.

Es un tema que se ha planteado en foros muy importantes, incluso ha buscado implementarse por varios Gobiernos de la región. Está probado que el modelo de privatizaciones solo ha generado más pobreza.

Y hay una lucha permanente por regresar a ese modelo. Lo estamos viendo en Argentina con el triunfo de Javier Milei, cuyo proyecto es una especie de 'neoliberalismo recargado'.

RT: ¿Cuál es tu balance sobre el rol del periodismo en México? ¿Consideras que hay más libertad para ejercer este oficio?

A.L.P.: Cuando yo empecé a hablar de estos temas, había mucha complicidad entre la prensa y los poderes fácticos. Existían muchos mecanismos para controlar los contenidos.

Otro tema que genera controversia es la publicidad oficial, que aún no termina de regularse y que, por lo mismo, da pauta a 'premiar' o 'castigar' desde el poder, a través de la asignación de dinero público.

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Como periodista de investigación, he planteado mis propias agendas temáticas, y enfrentado dificultades de todo tipo que han sido muy documentadas.

En este país se normalizó la violencia contra los periodistas. Seguimos teniendo un país de muy alto riesgo para ejercer el periodismo, sobre todo cuando se investigan asuntos de corrupción o crimen organizado.

A mí me ha tocado lidiar siempre con muchas vicisitudes, no solo para obtener información, sino para indagar a todos los poderes sin distinción y mantener el rigor.

Ahora lo que veo son más posibilidades para llegar a mayores audiencias, gracias al uso de redes sociales y diversas plataformas. La información ya no solo se difunde a través de medios tradicionales.

Hoy creo que estamos viviendo tiempos en los que las audiencias se involucran mucho más en los asuntos de interés público y, en consecuencia, se abre la posibilidad de que sean más exigentes con la transparencia y la rendición de cuentas. Eso es muy sano para una verdadera democracia.

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