Una negociación en ciernes y una legislación incierta: España tras el fracaso de la ley de amnistía

El escenario político español se ha complicado tremendamente después de que este martes el Congreso tumbara la ley de amnistía, que había impulsado el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para borrar los presuntos delitos cometidos en el marco del proceso secesionista llevado a cabo en Cataluña.

La ley orgánica fue rechazada por la Cámara Baja con 179 votos en contra y 171 votos a favor. El 'no' de Junts per Catalunya, el partido del expresidente catalán y actual eurodiputado Carles Puigdemont, fue fundamental para que la nueva norma no viera la luz verde.

Se trata del primer escollo de envergadura que enfrenta el Gobierno español desde la investidura como presidente de Pedro Sánchez. La amnistía era una exigencia de Junts tanto para apoyar la renovación en el cargo del líder socialista como para garantizar cierta estabilidad a la legislatura.

De hecho, la apretada aritmética parlamentaria que salió de las urnas el pasado 23 de julio, hace que el concurso de Junts sea imprescindible para que el Ejecutivo de Sánchez pueda llevar adelante su agenda legislativa y presupuestaria.

¿Qué pasa ahora?

La ley de amnistía no decae directamente tras la votación de la pasada jornada, sino que da un paso atrás. 

Ahora la norma vuelve a la Comisión de Justicia, donde se revisará y donde los diferentes grupos parlamentarios propondrán nuevas enmiendas y tratarán de llegar a un acuerdo para presentar un nuevo texto a sufragio en la Cámara Baja.

¿Por qué se ha opuesto Junts?

Junts per Catalunya fue el impulsor de esta legislación, que planteó como requisito imprescindible al PSOE para apoyar la investidura de Sánchez y actuar como socio parlamentario durante el resto de la legislatura.

De hecho, el texto presentado este martes había sido consensuado con todos los partidos que respaldaron a Sánchez y tenía el visto bueno del independentismo catalán.

Sin embargo, los últimos movimientos judiciales que amenazan con imputar a Puigdemont por delitos de terrorismo y de alta traición han hecho que Junts haya exigido que la ley amnistiara también estos delitos, con miras a sortear posibles nuevas invectivas de los tribunales.

La portavoz del partido, Miriam Nogueras, afirmó: "No podemos participar en dejar a todo el independentismo catalán expuesto a las arbitrariedades de la cúpula de la justicia española".

¿Una amnistía individualizada?

Junts lleva tiempo trasladando el mensaje de que la amnistía es imprescindible para normalizar la situación en Cataluña y poniendo como ejemplo a profesores encausados por abrir los colegios el 1 de octubre de 2017, cuando se celebró el referéndum ilegal de autodeterminación.

Sin embargo, la postura que mantienen de modificar el texto legislativo, a medida que se van promulgando autos judiciales que afectan a Carles Puigdemont, ha levantado las suspicacias sobre si se trata de una amnistía con el único objetivo de salvar al líder independentista.

Algo así insinuaron este martes desde las filas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el otro partido independentista, que ayer votó sí a la ley presentada.

¿La legislatura continúa?

Por el momento la legislatura continúa. Los portavoces de Junts no han hecho ninguna declaración dando por rotos todos los puentes.

Sin embargo, ya han aseverado que la aprobación de la ley de amnistía es un requisito sine qua non para seguir apoyando al Ejecutivo de Sánchez, y que la gobernabilidad del país no es para ellos una prioridad.

La negativa de Junts tumba la polémica ley de amnistía en España

Por delante hay un mes de negociaciones, que es el plazo que tiene la Comisión de Justicia para llevar a cabo sus trabajos. Si las conversaciones no alcanzan un acuerdo satisfactorio para el partido de Puigdemont, entonces sí que se podría asistir o bien a una parálisis legislativa o a un final abrupto de la legislatura, con un nuevo adelanto electoral.

Segundo batacazo en tres semanas

El de ayer fue el segundo batacazo para el Gobierno de Sánchez en tan solo tres semanas. El pasado 10 de enero, el Ejecutivo no logró sacar adelante el decreto para incorporar la normativa europea sobre conciliación y protección por desempleo.

Entonces, los responsables de que la norma no saliera adelante fueron los cinco diputados de Podemos, que tras dejar el grupo parlamentario de Sumar, la formación liderada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se han convertido en el otro vértice de incertidumbre del bloque que respalda al Ejecutivo de Sánchez.

Así, la legislatura que arrancó hace tan solo dos meses ha iniciado su andadura de manera convulsa, una situación que se prevé que será una constante en los más de tres años que tiene por delante.