La ley de prostitución abre una grieta en el Gobierno de coalición de España

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sufrió el primer varapalo de la legislatura que comenzó a finales del año pasado: el Congreso de los Diputados rechazó tramitar su proposición de ley para prohibir el proxenetismo en todas sus formas.

La propuesta pretendía endurecer la persecución del proxenetismo y dar un paso decisivo con el objetivo puesto en la abolición de la prostitución. Sin embargo se ha encontrado con el rechazo de todo el arco parlamentario, incluido su socio de Gobierno, Sumar, y el resto de socios de investidura.

Se trata de una cuestión que tradicionalmente ha dividido al movimiento feminista en el país entre las partidarias de la abolición y las del otorgamiento de derechos a las personas que ejercen esa actividad.

El resultado de la votación del martes ha sido de 122 votos a favor, del PSOE, de un diputado no inscrito y de los únicos diputados de Coalición Canaria (CC), Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG); 36 abstenciones, del grupo de ultraderecha Vox y de Podemos; y 184 votos en contra, del resto del hemiciclo.

Segundo intento

La proposición de ley presentada ahora es un texto prácticamente igual al presentado por el PSOE en 2023, durante la pasada legislatura. Entonces tampoco contó con los suficientes apoyos parlamentarios.

En un primer momento había intentado incorporar sus principales medidas a la ley del 'solo sí es sí', pero el rechazo del resto de grupos llevó a los socialistas a presentarla de manera individualizada y logró el apoyo del principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), y de parte de Unidas Podemos, que en esta ocasión han votado en contra.

Principales medidas: multas a los clientes y tercería locativa

En el intento actual los principales instrumentos que se incluyen son dos: las multas a los clientes, que podrían llegar hasta penas de prisión; y la sanción a quienes provean de espacios donde se promueva o ejerza la prostitución, lo que se conoce como tercería locativa. El objetivo: reducir la demanda y perseguir a quienes se lucran con esta actividad.

Ambas medidas suelen estar presentes en modelos que buscan abolir la prostitución, si bien, levantan muchos recelos entre diferentes colectivos.

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Se pretendía sancionar a los clientes con multas de 12 a 24 meses, mientras que si quien presta el servicio sexual es una persona menor de edad o de especial vulnerabilidad, la sanción se elevaría a entre 24 y 48 meses de multa y prisión de 1 a 3 años. En ningún caso se sancionaría a quien ejerce la prostitución.

En cuanto a la tercería locativa, se trataría de recuperar una figura que ya constó hace tiempo en el Código Penal español que castigaba a los dueños de locales, establecimientos o pisos en los que se promueva o favorezca la prostitución de otra persona, incluso aunque haya consentimiento.

Principal crítica: perjudica a las prostitutas

Esta proposición de ley se ha encontrado con una división de posiciones en el seno de Sumar, la formación liderada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Sin embargo, todas ellas coincidían en el rechazo a la propuesta del PSOE.

La principal crítica es que sus propuestas podrían suponer un castigo a las trabajadoras sexuales, quienes podrían ver empeorada su situación, especialmente si no tienen el acompañamiento de un abordaje integral.

Se considera que la tercería locativa afectaría negativamente a muchas mujeres que ejercen la actividad en el mismo lugar en el que viven, de modo que podría dificultar su acceso a la vivienda o disuadirlas de denunciar agresiones por miedo a ser desahuciadas.

Sobre las sanciones a los clientes para desincentivar la demanda se argumenta que podría llevar a muchas mujeres a una mayor vulnerabilidad si se les priva de una fuente de ingresos para su sustento sin proveerlas de ninguna otra alternativa y podría afectar aún más negativamente a los colectivos más débiles, como las mujeres racializadas, trans o sin documentación.

División también en los colectivos

Entre los colectivos de la sociedad civil también existe esa división de opiniones entre los partidarios de este tipo de medidas abolicionistas que sostienen que no afectan a las prostitutas y quienes reclaman otras medidas de carácter más estructural.

La Comisión para la Abolición de Malos Tratos a las Mujeres apoyaban las medidas propuestas por el PSOE. También partidarias de este tipo de medidas son las organizaciones como Feministes de Catalunya o la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, que incluso tacharon la propuesta de "parca e insuficiente".

Sin embargo, otras se mostraron contrarias, no por el fin perseguido, pero sí por las herramientas utilizadas. Así, Amnistía Internacional se ha manifestado contra la tercería locativa y las sanciones a clientes y demanda la participación en el diseño de las políticas de los colectivos de trabajadoras sexuales.