El Gobierno de Milei pone posible fecha de aprobación de su ley Bases

El Gobierno argentino de Javier Milei espera conseguir la aprobación de la ley Bases para el mes de julio, luego de haber consensuado una serie de modificaciones con la oposición "dialoguista" en el Congreso. 

Este domingo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió en diálogo con La Nación Más que el proyecto del oficialismo tendrá el aval del Senado en la semana del 10 de junio y podría tener aprobación de Diputados, donde deberá retornar por los cambios, en julio.

"La ley Bases va a salir, saldrá del Senado. Espero que la semana siguiente el recinto probablemente apruebe la ley y no haya más modificaciones, y después tiene que volver a Diputados por las modificaciones", aseguró Francos.  "Uno aprende de los errores y trata de cambiar", afirmó.

Asimismo, el funcionario reconoció que la gestión libertaria no esperaba tener tantas dificultades para avanzar con el proyecto con el que busca tener más herramientas para profundizar el achicamiento del Estado, desregular la economía, habilitar privatizaciones entre otras medidas que generan rechazo de bloques opositores. 

"Tal vez nosotros no supimos comprender de entrada que ese tratamiento iba a ser tan complejo, y tal vez la ley que presentamos al principio fue mucha más amplia y quizás por eso nos llevó al intento fallido", aseguró Francos. 

Camino empantanado

El proyecto original había sido enviado al Congreso por el presidente Milei en diciembre, tuvo un primer traspié en Diputados en febrero, fue reformulada por el Gobierno y aprobada en general en la cámara baja a fines de abril, pero llegó acotada y sin el capítulo de reformas fiscales que pretendía la Casa Rosada. 

La propuesta con dictamen de comisiones tiene 232 artículos, poco más de un tercio de la versión original, que incluía más de 600. Por otra parte, hasta ahora la administración La Libertad Avanza (LLA), que lleva seis meses en el poder, no ha conseguido que se apruebe ninguna de sus propuestas legislativas en el Congreso. 

"Ha pasado tiempo. Es un tiempo en que la política en general ha tenido que digerir este espacio político nuevo que ha aparecido en la Argentina", señaló el jefe de Gabinete.

Milei quería tener aprobada la ley Bases antes la forma del Pacto de Mayo, un acuerdo político que el presidente planeaba firmar con todos los sectores para el día 25 de ese mes, pero que debió postergar "para junio o julio", a sabiendas de que la normativa se demoraría mucho más de lo previsto. 

Los principales cambios consensuados

Para poder avanzar y conseguir dictamen de comisiones en el Senado la semana pasada, lo que habilita su tratamiento en el recinto, el Gobierno de Milei aceptó un total de 45 cambios a la versión que avanzó en Diputados: 29 en la ley Bases y 16 en el paquete fiscal, de acuerdo a un reporte de La Nación.

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Uno de los puntos que tuvo que ser reformulado fue el que reclamaban los representantes de la región patagónica: la elevación del mínimo no imponible en un 22 % en el pago de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que afecta a los trabajadores de altos ingresos.  

También generó resistencia el artículo que faculta al Poder Ejecutivo para intervenir organismos públicos. La oposición logró introducir unos 15 organismos que no podrán disolverse, como la Administración de Parques Nacionales (APN), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre otros.

Quedó limitado el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), que les permite a los beneficiarios, es decir, los grandes inversores, disponer libremente del 20 % de las divisas generadas por sus exportaciones al cabo del primer año, del 40 % al segundo año y del 100 % a partir del tercero. En ese artículo, se eliminó la posibilidad de que los dividendos y utilidades de las compañías puedan ser giradas al exterior luego de transcurridos tres años.

Además, se incluyó la obligación para que las empresas que adhieran al RIGI tengan que presentar un plan de desarrollo con proveedores locales. Y se habilitó a las industrias nacionales para ingresar a los beneficios fiscales y cambiarios.

Se incrementó del 3 % al 5 % el porcentaje de regalías de la producción minera para las provincias en donde se desarrolla la actividad. 

Se excluyó a los hermanos de funcionarios públicos la posibilidad de ingresar en el blanqueo de capitales, por medio del cual se puede regularizar en el sistema financiero dinero y bienes provenientes de actividades no declaradas. Se sumaron a los cónyuges, convivientes, padres e hijos.

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