El Supremo de España descarta amnistiar a Puigdemont por malversación

El Tribunal Supremo de España rechazó este lunes perdonar el delito de malversación que atribuye al expresidente catalán Carles Puigdemont y a dos exconsejeros, Toni Comín y Lluis Puig, y acordó mantener las órdenes nacionales de detención en su contra.

El juez instructor de la causa sobre el 'procés' independentista, Pablo Llarena, argumentó "que los comportamientos atribuidos en la causa a los tres procesados incurren plenamente en las dos excepciones que prevé la Ley para amnistiar delitos de malversación, que son que se hayan realizado con propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea (UE)".

Además, mantuvo la inhabilitación de otros líderes independentistas, entre ellos, el exvicepresidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Oriol Junqueras y los exconsejeros Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

Por su parte, la jueza Ana Ferrer suscribió un voto particular discrepante y apoyó plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE. 

A mediados de junio, la Fiscalía sostuvo que no hubo enriquecimiento patrimonial ni se afectó a los intereses de la UE y pidió que se aplicara la ley de amnistía a los condenados y amnistiados.

Reacciones

Puigdemont -instalado en Bruselas para eludir a la justicia española- se enfrenta a varias causas relacionadas con la convocatoria del referéndum ilegal celebrado en Cataluña en 2017, la declaración unilateral de independencia y las posteriores protestas.

Por la vía penal tiene abiertos dos procesos, uno por sedición y otro por terrorismo, a los que se sumaba el de desvío de fondos públicos para sufragar el 'procés'.

Puigdemont pide al Tribunal de Cuentas la amnistía sin esperar a pronunciamientos europeos

Nada más conocerse la noticia, Puigdemont publicó un mensaje en la plataforma X. "La Toga Nostra", escribió irónicamente en catalán en referencia a la mafia siciliana "La Cosa Nostra".

El exconsejero Puig también se pronunció en redes con un escueto: "Cuesta creer".

Por su parte, la portavoz de ERC, Raquel Sans, aseguró que no hubo "ninguna sorpresa". "Es una falta de respecto hacia la democracia, del poco respeto hacia la separación de poderes, hacia la ciudadanía en general", consideró.

Esta decisión supone un duro golpe para el Gobierno, porque en un principio todas esas causas deben estar cubiertas por la amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados, una normativa que fue exigida por los partidos independentistas catalanes como requisito para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo el pasado noviembre.

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