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Amnistía Internacional señala a Boluarte como posible responsable penal de muertes en protestas
En un informe planteó una serie de elementos con los que se podría considerar a la mandataria peruana como autora mediata de graves violaciones de DD.HH.
La oenegé Amnistía Internacional (AI) presentó este jueves un nuevo informe sobre la represión registrada entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, en Perú, donde miles de personas marcharon en contra de la presidenta Dina Boluarte y a favor de un adelanto electoral.
Bajo el título '¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú', AI apuntó directamente a Boluarte, quien en 10 días ofrecerá su segundo mensaje anual a la nación en medio de una alta impopularidad.
En Ayacucho, donde 10 personas murieron en el contexto de la represión estatal, los registros obtenidos por Amnistía Internacional muestran que el 15 de diciembre los soldados dispararon al menos 1 200 balas en respuesta a "órdenes verbales" de sus superiores.
— Amnistía Internacional Perú (@amnistiaperu) July 18, 2024
De las 86 páginas del documento, casi 20 están dedicadas a establecer la posible responsabilidad penal de Boluarte, como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía, en el fallecimiento de 50 personas y las heridas graves causadas a más de 1.000.
"No solamente mantuvo una comunicación constante con los ministros y mandos policiales y militares durante los días en los que un número de personas resultaron heridas o muertas en las protestas, sino que, además, decidió ascender a funcionarios que habían tenido roles clave durante el desarrollo de las operaciones", señala AI.
A pesar de que ya se registraban decenas de muertes, en muchas ocasiones causadas por proyectiles de armas de fuego, AI notó que Boluarte "sostuvo un discurso público elogiando la actuación de la Policía y el Ejército y estigmatizando a las personas manifestantes como 'violentistas' y 'terroristas'".
La oenegé mencionó una serie de elementos, como la disponibilidad de los ejecutores, la "escasa evidencia de indicaciones verbales de respetar los derechos humanos" o la omisión de prevenir e intervenir, que "podrían ser de relevancia en cualquier investigación penal" contra la mandataria.
"La presidenta Dina Boluarte podría ser investigada como posible autora mediata de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas", consignó Amnistía Internacional.
Respuesta inmediata
En nombre del gabinete el jefe del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, negó y rechazó "rotundamente cada uno de los apartados" del texto, al tiempo que indicó que AI pretende "de manera indebida" atribuir una responsabilidad mediata a Boluarte.
"El Estado no responde a las oenegés", aseguró Adrianzén preguntado al respecto en una conferencia de prensa. Sin embargo, arremetió contra la organización al dejar entrever que trata de instrumentalizar "esos hechos con fines políticos y cuando no económicos".
En ese sentido, consideró que Amnistía Internacional "no hace sino ratificar el sesgo político con el que fue elaborado el informe del año pasado donde habló de racismo letal".
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