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La Policía sigue en la búsqueda de Puigdemont y su entorno dice que salió de España
El juez del Tribunal Supremo instructor de la causa del 'procés' ha solicitado informes sobre el fracaso de la operación de detención del expresidente catalán.
Los Mossos d'Escuadra, la policía regional catalana, continúan la búsqueda del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, después de su reaparición en suelo español este jueves, tras siete años fuera de España para eludir la acción de la justicia.
El político llegó a las cercanías del Parlamento regional, en el centro de Barcelona, donde se subió a un escenario para dar un pequeño mitin delante de alrededor de 2.500 simpatizantes, para, a continuación, desaparecer antes de que pudiera ser detenido.
Desde entonces, Puigdemont se encuentra en paradero desconocido, a pesar de la 'operación jaula' que pusieron en marcha los Mossos, que implicó controles en todas las carreteras del área metropolitana de Barcelona y en las vías que conectaban con la frontera francesa.
🔴 Sallent, sobre el dispositiu dels Mossos: "Els fets van succeir amb gran rapidesa. Puigdemont i Turull van anar a una carpa, es van posar un barret, van pujar a un vehicle i van sortir del lloc. Posteriorment, es va iniciar una persecució" https://t.co/lnjslQHpDYpic.twitter.com/lXL2K2V6Yt
— 324.cat (@324cat) August 9, 2024
Esta mañana, Jordi Turull, presidente de la Asamblea catalana y secretario general del partido de Puigdemont, Junts per Catalunya, aseguró que el líder de su formación ya se encuentra de regreso en Waterloo, Bélgica, donde estableció su residencia tras huir de España, y que había estado en Barcelona desde el martes.
"Él ha vuelto a Waterloo", ha dejado claro Turull en una entrevista radiofónica en Rac1 la mañana de este viernes, en la que ha dicho que la decisión de desaparecer nuevamente se ha debido a la postura de algunos jueces.
El meollo del asunto es que varios togados han decidido no aplicar la ley de amnistía al expresidente catalán, ni tampoco la parte de la ley que obliga a suspender las medidas cautelares, como las órdenes de detención, hasta que no se resuelvan todas las cuestiones prejudiciales y análogas.
El Supremo pide informes policiales
Por su parte, el magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, ha pedido informes a los Mossos d'Escuadra y al Ministerio del Interior sobre el operativo para detener a Puigdemont, con el objetivo de investigar los elementos que incidieron en su fracaso, según recoge La Vanguardia.
El juez pregunta a Interior cuál era el operativo original aprobado para la detección y detención en frontera, así como las posteriores órdenes cursadas para la posterior detección y detención en frontera tras la fuga.
Dos mossos detenidos
Durante la jornada del jueves, dos agentes de los Mossos d'Escuadra fueron detenidos acusados de ayudar a escapar en coche a Puigdemont, facilitándole un automóvil tipo turismo. El cuerpo policial prevé nuevas detenciones, según recoge Radio Televisión Española.
Esta mañana, el comisario jefe de los Mossos, Eduart Sallent, ha comparecido ante los medios para dar explicaciones, asegurando que se perseguían tres objetivos: garantizar la seguridad ciudadana, que el pleno de investidura en el Parlamento llegara a término y la detención de Puigdemont.
Sallent ha negado que los Mossos hubieran pactado una detención discreta con el propio Puigdemont u otro tipo de operativo. Del mismo modo, alegó que se ha intentado instrumentalizar al cuerpo de manera política.
El funcionario también justificó el fracaso del operativo con el argumento de que "los hechos sucedieron con gran rapidez". Asimismo, el comisario explicó que esperaban detener al político cuando se dispusiera a ingresar en la Cámara y que "ni los Mossos ni nadie estaba preparado para un comportamiento tan impropio como el de Puigdemont".
"Ni los Mossos ni nadie estaba preparado para un comportamiento tan impropio como el de Puigdemont"
Sobre Puigdemont pesa una orden de detención nacional vigente, después de que el juez Llarena se negase a aplicarle la ley de amnistía sobre el procés, al considerar que el delito de malversación de que se le acusa no queda cubierto por la norma.
La ley ampara el delito de malversación, siempre que no se haya producido enriquecimiento personal. Sin embargo, Llarena interpreta que el desvío de fondos para sufragar el referéndum ilegal de autodeterminación celebrado en 2017 le produjo un enriquecimiento al expresidente catalán, al no haberlo tenido que pagar de su bolsillo. Se trata de una interpretación que ha generado una profunda polémica.
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