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Fuerte operativo y una multitud en marcha: la masiva protesta de jubilados en Argentina

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Las inmediaciones del Congreso fueron militarizadas y la tensión se vivió también dentro del parlamento, donde se aprobó el decreto para un nuevo acuerdo de endeudamiento con el FMI.
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Este miércoles se llevó a cabo en Argentina una nueva protesta de los jubilados ante el Congreso, en reclamo de un aumento de haberes. Una semana después de la fuerte represión en la última marcha, la movilización se desarrolló sin enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía. 

Desde la mañana, las inmediaciones del Palacio Legislativo, en pleno centro de Buenos Aires, aparecieron militarizadas y valladas, producto de un amplio operativo ordenado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La funcionaria incrementó el número de efectivos y carros hidrantes, con la intención de evitar el corte de calles y la llegada de los jubilados al Congreso.

También advirtió que si se registraban hechos de violencia, las fuerzas de seguridad actuarían. "Alterar el orden público y la vida democrática es un delito federal. Si hay violencia, alejarse", recomendó. 

Control en los transportes e infiltrados

Por la mañana, el Gobierno hizo circular en las estaciones de trenes un mensaje que anticipaba la rudeza del operativo en caso de que hubiera desmanes. 

"Protesta no es violencia", pudo leerse en las pantallas donde los usuarios buscan los horarios de salida de los trenes. El mensaje fue explícito: "La policía va a reprimir todo atentado contra la República".

En las redes sociales, los pasajeros denunciaron que efectivos de Seguridad realizaron cacheos al azar y solicitaron documentos en los ingresos. 

Otra vez, tal como ocurrió en la jornada anterior, acompañaron a los jubilados numerosas hinchadas de fútbol, sindicatos, organizaciones sociales, políticas y estudiantiles. Además del reclamo por el aumento de haberes, exigieron la renuncia de Bullrich por ser responsable de la represión que dejó gravemente herido a un fotógrafo, llamado Pablo Grillo, que aún pelea por su vida en un hospital

Cuando la manifestación ya estaba prácticamente desconcentrada, un pequeño grupo se acercó a los vallados que protegían el Palacio Legislativo e intentó derribarlos, motivando el accionar de la Policía que aguardaba al otro lado. 

Un reportero del canal C5N que estaba en el lugar afirmó que los mismos que intentaron iniciar disturbios no habían participado de la protesta, por lo que se presume que se trataba de infiltrados. 

La versión de que hubo policías disfrazados de manifestantes circuló durante toda la jornada, al igual que en la marcha anterior. De hecho, varios sujetos sospechados de ser agentes encubiertos fueron echados por la gente. 

Debate caliente para tomar deuda

La tensión se vivió dentro y fuera del Parlamento. En la Cámara de Diputados, los congresistas debatieron y aprobaron un nuevo decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei, que busca concretar otro endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

La sesión se desarrolló en medio de gritos, enfrentamientos y reclamos entre el oficialismo y la oposición. El caso es que el Gobierno omitió presentar un proyecto de ley en el Congreso para conseguir el aval para el nuevo préstamo, tal como establece una normativa vigente. El decreto puede modificar esa regla, pero varios legisladores señalaron que no existe ni necesidad ni urgencia para tomar más deuda. 

Sin beneficios para jubilados

La cámara debía retomar el debate para tratar una serie de proyectos relacionados con los jubilados, entre ellos una prórroga de la moratoria previsional que permite financiar los aportes que le faltan a un trabajador para poder acceder al beneficio.

Sin embargo, la nueva sesión, que había sido pedida por el bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP -kirchnerismo) fracasó por falta de cuórum, informó IP Noticias. 

En la manifestación del miércoles pasado, 114 personas fueron detenidas. Horas más tarde recuperaron su libertad por orden de la jueza Karina Andrade, quien argumentó que debían garantizarse sus derechos constitucionales. 

En respuesta a esa decisión, el Ejecutivo denunció penalmente a la magistrada por "incumplimiento de sus funciones". Además, pidió la detención de 29 presuntos 'barras bravas' que habrían participado en actos violentos. 

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