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El beneficio para un represor de Pinochet pone a Chile en la mira de la CIDH
Juan Emilio Cheyre fue condenado como cómplice de 15 ejecuciones durante la dictadura, pero recibió una pena reducida por no tener antecedentes.
El beneficio judicial que permitió al exjefe del Ejército chileno, Juan Emilio Cheyre, cumplir su condena en libertad, pese a haber sido declarado cómplice de la ejecución de 15 prisioneros políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), ha puesto a Chile en el centro de la atención internacional.
Según Ciper, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una denuncia por parte de familiares de 15 prisioneros políticos asesinados, que indica que el "Estado de Chile no cumplió con su obligación de sancionar de manera adecuada y proporcional" a Cheyre.
El militar estuvo al frente de una operación, conocida como la Caravana de la Muerte, en la que se ejecutó extrajudicialmente a más de 90 prisioneros políticos.
Los hechos denunciados ocurrieron el 16 de octubre de 1973, cuando los prisioneros políticos Óscar Aedo Herrera, Carlos Alcayaga Varela, José Eduardo Araya González, Marcos Barrantes Alcayaga, Jorge Abel Contreras Godoy, Hipólito Pedro Cortés Álvarez, Óscar Armando Cortés Cortés, Víctor Fernando Escobar Astudillo, Roberto Guzmán Santa Cruz, Jorge Mario Jordán Domic, Manuel Jachadur Marcarián Jamett, Jorge Osorio Zamora, Jorge Washington Peña Hen, Mario Alberto Ramírez Sepúlveda y Gabriel Vergara Muñoz fueron asesinados.
Según la investigación judicial, Cheyre estuvo presente en la reunión donde se seleccionaron los detenidos que serían fusilados y luego coordinó la emisión de los bandos militares para llevar a cabo las ejecuciones.
Aunque fue condenado como cómplice, a finales de 2023, el tribunal consideró atenuantes la ausencia de antecedentes penales, lo que permitió rebajar la condena a cinco años y evitar su ingreso en prisión. Para los denunciantes, esta decisión vulnera los estándares interamericanos sobre proporcionalidad en casos de crímenes de lesa humanidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) establece que estos crímenes son imprescriptibles y, por tanto, los responsables no pueden beneficiarse con rebajas de pena.
Los abogados de las víctimas recuerdan que Cheyre es el único de los nueve condenados que no cumple una pena efectiva, pese a su participación directa en la cadena de decisiones que llevó a las ejecuciones. "Aun cuando actuó como cómplice en la ejecución de 15 personas, mientras que los encubridores sí fueron sancionados a penas efectivas", sostuvieron los letrados.
"Ratione temporis"
En respuesta, el gobierno chileno argumentó que la comisión no tiene competencia para pronunciarse sobre los crímenes cometidos durante la dictadura, ya que Chile firmó la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) en 1990.
"Al no haber asumido Chile las obligaciones de la CADH en el momento en que se produjeron los eventos ocurridos no pueden derivarse responsabilidad internacional del Estado chileno bajo dicha Convención", justificó.
Sin embargo, este argumento —basado en el principio jurídico 'ratione temporis', que impide responsabilizar a un Estado por hechos anteriores a la firma de un tratado— no responde a la denuncia, ya que no se cuestionan los hechos de 1973, sino la decisión judicial adoptada en 2023, cuando ya regían las obligaciones internacionales del país.
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