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La dura sanción a una petrolera francesa acusada de nexos con paramilitares
Los activos incautados, valorados en aproximadamente 10 millones de dólares, serán destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.
La Fiscalía General de la Nación (FGN) colombiana embargó en Bogotá dos oficinas de una petrolera de origen francés, después de establecer que habría financiado a grupos paramilitares en el departamento del Casanare.
"Esta es la primera medida cautelar en contra de los bienes de una empresa de origen internacional señalada de financiar organizaciones paramilitares en Colombia", dijo la entidad en un comunicado.
Aunque la Fiscalía no reveló el nombre de la empresa, medios colombianos han afirmado que se trata de Perenco, compañía del sector de hidrocarburos, actualmente anglo-francesa, con presencia en 14 países.
La #Fiscalía obtiene medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre dos oficinas de propiedad de una petrolera internacional. Los bienes se encuentran ubicadas en un edificio del centro financiero en Bogotá y su valor comercial es de 41.318… pic.twitter.com/39NNkwoxAr
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 8, 2025
La FGN detalló que su alegato obtuvo, por parte de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder de disposición sobre las dos oficinas, ubicadas en el centro financiero de la capital colombiana y valoradas en aproximadamente 10 millones de dólares.
Los bienes fueron entregados al Fondo para la Reparación de las Víctimas, que los administrará con el fin de que sean utilizados para la indemnización de la población afectada por la violencia paramilitar en Casanare.
La acusación
De acuerdo con la FGN, declaraciones rendidas ante la justicia transicional por excomandantes paramilitares como Daniel Rendón Herrera, Manuel de Jesús Pirabán y Orosman Orlando Osten Blanco, del Bloque Centauros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), coincidieron en afirmar que la empresa había financiado su actuación ilegal en Casanare entre 1997 y 2005.
Detallaron que la petrolera aportaba dinero, combustible, alimentación y transporte, a cambio de un "servicio de seguridad" prestado por los paramilitares en los pozos de extracción de crudo.
Esto, indicó la fiscalía, "permitió a la empresa incrementar su patrimonio en el periodo del posible vínculo ilegal con los paramilitares".
En septiembre de 2024 se reafirmó la acusación contra dos exempleados de la petrolera, por su presunta financiación al frente Héroes de San Fernando del Bloque Centauros de las AUC.
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