Tal como se anunció la víspera, este martes se ordenó la desclasificación de los documentos secretos sobre el golpe de Estado que tuvo lugar el 23 de febrero de 1981, cuando la democracia española daba los primeros pasos tras 40 años de dictadura franquista.
La encargada de dar los primeros detalles ha sido la portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, Elma Saiz, quien tras el Consejo de Ministros precisó que verán la luz unas 153 unidades documentales, que "durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista".
El Gobierno desclasifica los documentos relativos al intento de golpe del 23-F.@SaizElma 🗣️ “Son 153 unidades documentales que durante décadas han estado clasificadas bajo normativa franquista que ahora podrán ser consultadas por historiadores, investigadores y la ciudadanía”. pic.twitter.com/xMiDniaODn
— La Moncloa (@desdelamoncloa) February 24, 2026
A partir del mediodía del miércoles, los documentos podrán ser consultados por investigadores, historiadores y toda la ciudadanía, puesto que estarán disponibles libremente en la página web de La Moncloa, la Presidencia del Gobierno.
Se levanta así el secreto sobre la intentona golpista más importante desde la reinstauración de la democracia en el país. Ese episodio implicó el secuestro de diputados durante 18 horas y sacó a pasear los tanques por ciudades como Valencia.
En 1981, en sectores del Ejército y de la derecha conservadora había un profundo descontento con el proceso de transición a la democracia. Rechazaban crudamente el establecimiento del Estado autonómico que, según ellos, llevaba al fin de la unidad de la patria. Del mismo modo, se oponían a la democracia y censuraban el caos político tras la dimisión de Adolfo Suárez, el primer presidente de ese ciclo.
Por tal motivo, el objetivo de los golpistas era imponer un Gobierno de concentración nacional, dependiente de los militares, que expulsara a los partidos nacionalistas y a formaciones recientemente legalizadas, como el Partido Comunista.
Por aquellos hechos fueron condenadas tres personas: el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, sentenciado a 30 años de prisión de los que cumplió 13; el teniente general Jaime Milans del Bosch, también condenado a 30 años, aunque solo permaneció nueve tras las rejas; y el general Alfonso Armada, íntimo amigo del exrey Juan Carlos I. Este último, aunque recibió un fallo similar a los otros dos militares, fue indultado a los cinco años de cárcel por motivos de salud. Vivió otros 25 años tras su salida.
El fracaso del golpe de Estado, con la alocución televisada del rey, supuso la legitimación del Borbón ante la ciudadanía, como supuesto protector de la democracia. Sin embargo, durante años han circulado rumores sobre la posible implicación del monarca en la asonada, que podrían disiparse o confirmarse a la luz de los los documentos desclasificados.
