Un tribunal de Francia declaró culpable a la empresa cementera internacional Lafarge por haber pagado millones de euros a grupos terroristas para mantener su negocio en Siria.
De acuerdo a la sentencia, Lafarge financió a diversas organizaciones terroristas, como el autodenominado Estado Islámico y Jabhat al-Nusra, entonces filial de Al-Qaeda en Siria. El objetivo de los pagos irregulares era mantener sus operaciones en medio del conflicto.
Por esta misma causa, ocho exgerentes de la compañía fueron declarados culpables, incluido el exdirector ejecutivo Bruno Lafont, condenado a seis años de cárcel por financiamiento al terrorismo. La justicia ha decretado su ingreso inmediato en prisión.
Christian Herrault, el exsubdirector general de la firma, también recibió una sentencia de cinco años. La propia Lafarge fue multada con un monto que asciende a más de un millón de euros.
Terrorismo con fines de lucro
Entre 2013 y 2014, la empresa francesa —adquirida con posterioridad por el conglomerado suizo Holcim— realizó pagos a tres organizaciones yihadistas, incluido Estado Islámico, por un valor aproximado de 5,6 millones de euros (cerca de 6,5 millones de dólares).
El objetivo era mantener en funcionamiento su planta en el norte de Siria, después de que iniciara la guerra civil en el año 2011.
El tribunal sostiene que el dinero abonado por Lafarge habría permitido a las organizaciones criminales preparar varios atentados terroristas, entre ellos el perpetrado contra el semanario francés Charlie Hebdo, en enero de 2015, que dejó un saldo de 12 personas muertas y 11 heridas.
La sentencia, dictada la semana pasada, es una decisión histórica, ya que califica como terrorismo los hechos cometidos por una empresa y sus directivos, en el contexto de su actividad económica.
Es la primera vez que ocurre una fallo de estas características en Francia, lo que abre un importante precedente: empresarios pueden ser condenados por ese delito, aunque no tengan adhesión ideológica con los grupos yihadistas a los que financiaron.
La defensa recurrirá
La letrada del exdirector ejecutivo de Lafarge, Jacqueline Laffont, aseguró que la sentencia no es "ni justa ni razonable" y adelantó que recurrirá el fallo ante el Tribunal de Apelación.
"Esta no será la primera ni la última vez que una decisión de los jueces de primera instancia sea revocada", dijo en una entrevista con la cadena France Info.
En opinión de la abogada defensora, "se trata de una sentencia sin pruebas" y "sin demostración", al afirmar que el tribunal habría presumido la culpabilidad de Lafont con respecto a los pagos efectuados por Lafarge, por el "simple hecho de que era su presidente".
Lafont dirigió la empresa entre 2007 y 2015, y siempre ha reivindicado su inocencia.
Las consecuencias
El fallo llega después de que, en 2022, la empresa francesa se declarara culpable de conspirar para proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas en un tribunal de EE.UU. y acordara el pago de una multa de 778 millones de dólares.
Se espera que, a partir del dictamen, las compañías que operan en zonas de conflicto no aleguen que adaptaron sus operaciones al contexto local, en el caso de que sus acciones beneficien a grupos criminales.
Así, el veredicto francés puede tener el efecto un efecto en el mediano plazo: obligar a conglomerados a reforzar sus sistemas de gobernanza global, porque ahora el riesgo de tratar con organizaciones terroristas puede tener consecuencias penales que alcancen a sus directivos, más allá del llamado 'riesgo reputacional'.
"Auténtica alianza comercial con el EI"
Lafarge adquirió en 2008 una fábrica de cemento en Jalabiya, en el norte de Siria, por valor de 680 millones de dólares. La planta comenzó a operar en 2010, apenas meses antes de que estallara la guerra civil en el país.
Entre 2013 y 2014, según la sentencia, la empresa realizó varios pagos al Estado Islámico. Entre ellos se encuentra el abono de cientos de miles euros para garantizar el paso de sus trabajadores hasta la fábrica y de una suma aún mayor por la compra de materias primas en canteras bajo control de la organización terrorista.
En 2014, el Estado Islámico se apoderó de grandes zonas de Siria e Irak, autoproclamando un califato transfronterizo. El tribunal francés ahora estima que para ello contó con la ayuda de la financiación de la empresa cementera.
La jueza Isabelle Prévost-Deprez determinó que los pagos fueron "fundamentales" para que la red yijadista pudiera hacerse con el control de los recursos naturales de Siria. "Esto le permitió financiar actos terroristas tanto en la región como en el extranjero, especialmente en Europa", apuntó la magistrada.
En criterio de la justicia, Lafarge estableció una "auténtica alianza comercial con el Estado Islámico". En diciembre pasado, la Fiscalía Nacional Antiterrorista francesa lanzó un duro alegato para denunciar que el único propósito de la firma era obtener beneficios a cualquier precio.
