La guerra que desató Ecuador tras imponer aranceles unilaterales a los productos importados desde Colombia –lo que provocó una respuesta recíproca de Bogotá– ha impactado fuertemente en el comercio bilateral.
Según un reciente análisis del Centro de Pensamiento Económico Anif, "entre febrero y marzo de 2026, las exportaciones colombianas hacia Ecuador se redujeron 46,1 % anual, reflejando el impacto de la escalada arancelaria sobre uno de los principales destinos regionales para las manufacturas nacionales".
En concreto, de acuerdo con la institución, las exportaciones colombianas a su vecino pasaron de 318 millones de dólares en esos dos meses de 2025, a 172 millones de dólares en el mismo período de 2026.
El mayor impacto, menciona el documento, se ha concentrado en "combustibles, maquinaria, equipos eléctricos y productos químicos".
Así, los combustibles minerales registraron una caída de 15,5 puntos porcentuales; seguidos de los equipos y material eléctrico (-3,9), plásticos y manufacturas (-2,6) y maquinaria y equipos mecánicos (-2,6).
En contraste, dice el documento, "segmentos orientados al consumo final, como perfumería, cosméticos y productos farmacéuticos, mostraron una menor sensibilidad relativa frente al choque comercial".
El ultimátum
La 'guerra comercial' la inició Ecuador en enero pasado. El presidente de ese país, Daniel Noboa, anunció un sorpresivo arancel del 30 % a los productos que el país importa desde Colombia, con efecto desde el 1 de febrero, argumentando una supuesta falta de cooperación en materia de seguridad.
Bogotá respondió con gravámenes recíprocos y la suspensión de la venta de energía. Sin embargo, a finales de febrero, Quito informó que incrementaría las tasas a los productos colombianos hasta 50 % desde el 1 de marzo.
En abril, la Administración de Noboa volvió a aumentar la tarifa elevándola al 100 %, medida que comenzó a regir el pasado 1 de mayo; en respuesta, Colombia anunció nuevos aranceles de entre 35% y 75% para 191 productos importados desde Ecuador.
La semana pasada, el Gobierno de Noboa reculó y decidió bajar los aranceles a 75 %, con vigencia a partir del próximo 1 de junio.
Frente a este escenario de 'guerra comercial', la Comunidad Andina (CAN) ordenó a ambos países retirar las medidas arancelarias y les dio un plazo de 10 días hábiles para levantarlas. El bloque de integración señala que esos gravámenes afectan al comercio subregional andino, además de vulnerar el Acuerdo de Cartagena, el tratado constitutivo firmado por los países miembros en 1969.
De acuerdo con el análisis de Anif, aunque la decisión de la CAN reduce la probabilidad de una profundización inmediata de las restricciones comerciales, "el episodio ha evidenciado la elevada sensibilidad del comercio andino frente a tensiones políticas y medidas unilaterales".
Menciona que, "más allá del eventual desmonte de los aranceles, la disputa deja como principal desafío el fortalecimiento de los mecanismos institucionales de coordinación y resolución de controversias dentro del bloque regional".
