El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, anunció este viernes el inicio del retiro del país sudamericano de la Corte Penal Internacional (CPI).
"Por instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Venezuela comunicó al secretario general de la ONU, António Guterres, su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al Artículo 127", escribió Plasencia en su cuenta en X.
Caracas justifica su decisión señalando que considera que la actuación de la CPI responde a "un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global".
"Este sesgo no es una simple coincidencia procesal, sino el reflejo de una institución que ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger", enfatiza.
Así, agrega que este "patrón" revela una justicia internacional que, "lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía".
'Lawfare'
De manera particular, Caracas acusa al organismo de 'lawfare' (guerra jurídica), la utilización estratégica del sistema judicial con fines políticos, y con ello perpetuar "la persecución contra el pueblo venezolano" y agravar "las desigualdades que la justicia internacional debería corregir".
"Reiteramos nuestro compromiso con una justicia genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos", señala el canciller.
Ya en diciembre pasado, la Asamblea Nacional de Venezuela había aprobado una ley que deroga su adhesión al Estatuto de Roma y establece la salida del país sudamericano de la CPI.
Entonces, se justificó la acción, entre otras cosas, como una manera de demostrar la solidaridad de Venezuela ante el sufrimiento del pueblo palestino, víctima de "genocidio" por parte de Israel.
Previo a esa aprobación, el presidente del Parlamento denunció la "inutilidad" de la CPI y su inacción respecto a ese genocidio, a pesar de que la Corte dictó órdenes de detención en 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en el enclave palestino. También acusó el "vasallaje" de la institución a EE.UU.