El diputado brasileño Alfredo Gaspar, quien fue anunciado esta jornada como fórmula vicepresidencial del candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro, está siendo investigado por presuntamente haber violado a una menor años atrás, reporta Brasil de Fato.
El caso inició en marzo pasado, cuando la Policía Federal le solicitó al Supremo Tribunal Federal que iniciara pesquisas en contra de Gaspar, tras haber recibido una denuncia del diputado Lindbergh Farías y la senadora Soraya Thronicke. Poco después, el magistrado Gilmar Mendes, quien funge como ponente de la causa, le pidió a la Fiscalía General de la República un pronunciamiento en relación con la solicitud policial, algo que todavía no sucede.
Folha de São Paulo refiere que, según la Fiscalía, existen documentos y audios que demuestran que el parlamentario mantuvo una relación sentimental con una adolescente de 13 años que derivó en un embarazo. En la querella se indica asimismo que el político intentó conseguir que la familia de la joven guardara silencio por medio de sobornos.
¿Víctima o victimario?
Los señalamientos contra Gaspar se hicieron públicos en el contexto de la presentación del informe final de una comisión parlamentaria encargada de investigar fraudes en la seguridad social. Entonces, el sindicado negó las acusaciones y afirmó que es víctima de "persecución política".
"Soy la persona más interesada en que se inicie la investigación policial. Las investigaciones policiales demostrarán los crímenes de los que fui víctima y reforzarán mis acusaciones contra los parlamentarios criminales", dijo entonces.
Brasil de Fato añade que, el pasado 23 de abril –y tras una orden judicial emitida por el Laboratorio de Genética Forense del estado de Alagoas, donde aparentemente tuvo lugar el abuso sexual–, Gaspar proporcionó una muestra biológica que será utilizada para el análisis de ADN.
Por otro lado, Folha recoge que el ahora aspirante a vicepresidente también está siendo investigado por el Supremo en razón de su presunta responsabilidad en el desvío de fondos parlamentarios a través de la plataforma Pix. Cuando se abrió la investigación, aseguró: "Todas las acciones se llevaron a cabo dentro de los límites de la legalidad y la normativa vigente".