Proteger al agricultor o disparar los precios: el dilema imposible de Bruselas

Bruselas quiere vetar en las importaciones a los pesticidas prohibidos en la UE, pero aún permite exportar algunos de ellos y afronta críticas por este doble rasero.

La Unión Europea prepara nuevas restricciones a la presencia en alimentos importados de pesticidas que ya están prohibidos para los agricultores europeos. Bruselas pretende así reducir la desventaja de los productores comunitarios frente a competidores de terceros países, aunque un estudio de la propia Comisión advierte que la medida podría provocar una caída de las importaciones y una subida de precios.

Actualmente, que un pesticida no pueda utilizarse en los campos europeos no significa necesariamente que esté completamente vetado en los alimentos procedentes del exterior. La UE permite determinados niveles de residuos siempre que se mantengan dentro de los límites considerados seguros. La Comisión quiere endurecer esa política para algunas de las sustancias más peligrosas y llevar los niveles permitidos prácticamente al mínimo detectable.

Escenarios variables, cifras preocupantes

Un estudio publicado esta semana por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC) analiza el posible impacto de aplicar ese criterio a 18 sustancias prohibidas, 235 productos agrícolas y exportaciones procedentes de 86 países. En todos los escenarios estudiados se reducen las importaciones, aumenta la producción europea y suben los precios.

Las diferencias, sin embargo, son muy amplias. En el escenario más extremo, en el que los productores extranjeros no consiguen adaptarse a las nuevas exigencias, las importaciones agrícolas de la UE podrían caer un 41 %. En ese supuesto, el estudio calcula subidas de hasta el 332 % para el café y del 85 % para los cítricos.

El JRC advierte que estas cifras no son una previsión. Si los productores extranjeros sustituyen los pesticidas afectados por otras alternativas, el impacto se reduce considerablemente. En otros escenarios analizados, la caída de las importaciones se limita al 8 % o incluso al 0,4 %, con aumentos de precios mucho menores.

La iniciativa responde también a las reclamos de los agricultores europeos, que denuncian desde hace años que deben competir con productos cultivados bajo normas menos exigentes. Bruselas quiere aplicar a las importaciones condiciones más próximas a las que ya soportan los productores comunitarios, aunque varios grandes países exportadores como EE.UU. o Australia han cuestionado estas medidas por considerar que pueden convertirse en nuevas barreras comerciales.

Doble rasero: vender a otros lo que no tolera en su territorio

La política europea mantiene, además, otra controversia abierta. Empresas establecidas en la UE pueden seguir fabricando y exportando a terceros países determinadas sustancias cuyo uso está prohibido dentro del propio bloque, como los pesticidas, que son considerados demasiado peligrosos para los campos europeos, pueden continuar utilizándose fuera de sus fronteras.

La Comisión Europea se comprometió en 2020 a revisar esta situación y a evitar que productos químicos peligrosos vetados en Europa siguieran fabricándose para su exportación, pero esa promesa todavía no se ha traducido en una prohibición general. El debate enfrenta, por un lado, a organizaciones ambientales y sectores que denuncian un doble rasero y, por otro, a quienes advierten que una prohibición unilateral podría simplemente trasladar la producción a otros países sin reducir el uso global de esas sustancias.

La contradicción resulta especialmente visible ahora que Bruselas quiere endurecer las condiciones para los alimentos importados, restringiendo la entrada de productos cultivados con pesticidas cuyo uso prohíbe a sus propios agricultores, mientras sigue permitiendo que algunos de esos compuestos salgan del territorio europeo hacia terceros países.

La futura reforma tendrá que encajar así objetivos difíciles de conciliar: proteger al agricultor comunitario, mantener la coherencia de la política ambiental y sanitaria europea y evitar un impacto excesivo sobre el comercio y los precios.