EE.UU. revocó las visas de casi 30 funcionarios latinoamericanos, de los cuales, hay un solo peruano: el juez Juan Carlos Núñez Matos, reconocido por haber fallado a favor de una empresa china en una disputa por el puerto de Chancay, el megaproyecto de China.
A pesar del caso del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, a quien acusó de "ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia", el Departamento de Estado no dio detalles de por qué sanciona a Núñez, se limitó a decir que busca "defender la gobernanza democrática" en todo el continente "frente a la corrupción y el narcotráfico".
El Escudo de las Américas no son solo palabras. Dijimos que actuaríamos contra la corrupción que debilita nuestras democracias. Estamos cumpliendo con el Perú. 🇺🇸🤝🇵🇪 https://t.co/gxODqMJtWX
— Embajador Navarro (@USAmbPeru) September 28, 2026
Núñez, magistrado del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, ha tomado decisiones en casos de alto perfil, pero una puntualmente generó molestias en Washington. En enero pasado, declaró fundada una demanda de amparo presentada por Cosco Shipping, empresa china que opera el puerto de Chancay.
El juez ordenó al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) abstenerse de ejercer sus funciones de regulación, supervisión, fiscalización y sanción sobre las operaciones del terminal portuario, reseñaron medios locales.
Aunque la Segunda Sala Constitucional de Lima revocó el fallo de primera instancia y, actualmente la disputa debe ser evaluada por el Tribunal Constitucional, desde la Embajada de EE.UU. en Perú han arremetido contra Núñez.
El miércoles, el embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, acusó al magistrado de "ponerse del lado de la corrupción y de los narcotraficantes para socavar las instituciones" del país andino. "Tenemos que actuar para devolver la confianza en el sistema", agregó.
Navarro se ha mostrado "preocupado" por el puerto de Chancay en varias ocasiones, así como los últimos gobiernos de EE.UU., que han considerado que la cooperación entre China y Perú supone la pérdida de parte de la soberanía para los países receptores de capital chino.
