La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este jueves 5 de noviembre, por unanimidad (78 votos), el proceso de inicio de un juicio político contra el presidente Santiago Peña, quien había presentado su renuncia horas antes en medio de una crisis política y financiera desatada por la intervención de Ueno Bank, que dejó a 2,9 millones de ahorristas sin acceso a sus depósitos. El mandatario enfrenta acusaciones de presuntas irregularidades relacionadas con el escándalo bancario.
La decisión se produjo después de que Peña perdiera el respaldo de su propia fuerza política, la Asociación Nacional Republicana (ANR, conocida como Partido Colorado), liderada por el expresidente Horacio Cartes, que anunció su apoyo al juicio político. Ante ese escenario, el mandatario decidió presentar su renuncia antes de que concluyera la sesión extraordinaria convocada por los diputados.
Ahora, el Congreso deberá decidir si acepta formalmente la dimisión de Peña o permite que avance el juicio político en el Senado. El senador Natalicio Chase, líder de la bancada oficialista, sostuvo que lo más conveniente sería aceptar la renuncia y cerrar el procedimiento, que de otro modo podría prolongarse durante varias sesiones, según ABC Color.
Poco después, miles de personas protestaron en las calles para exigirle al Congreso que iniciara un juicio político contra el mandatario. Si esa posibilidad se concreta, mantendría su fuero mientras dura el proceso, pero podría ser destituido.
Pedro Alliana, a un paso de la Presidencia
En paralelo, la Cámara de Diputados rechazó por 48 votos contra 30 la propuesta de juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana, quien también había sido incluido en la acusación original. De esta manera, Alliana queda en condiciones de asumir la Presidencia una vez que se formalice la salida de Peña, informó el diario paraguayo Hoy.
El presidente del Congreso, Basilio Núñez, anunció la convocatoria de una sesión conjunta de ambas cámaras para tratar la renuncia del mandatario. De ser aceptada, está previsto que Alliana preste juramento para completar el mandato presidencial, que concluye en agosto de 2028.
La decisión sobre la renuncia de Peña tendrá consecuencias directas para su futuro político y judicial. Según el artículo 189 de la Constitución paraguaya, los expresidentes elegidos democráticamente adquieren la condición de senadores vitalicios, excepto aquellos que hayan sido declarados culpables en un juicio político. Por lo tanto, si el Senado acepta su dimisión y no continúa con el procedimiento, Peña accedería a una banca vitalicia, con los fueros parlamentarios correspondientes.
En ese escenario, para someterlo a un proceso penal sería necesario tramitar previamente su desafuero, que requiere el voto favorable de dos tercios de los senadores, señala Extra. En cambio, si el juicio político continúa y Peña es declarado culpable, perdería el derecho a la senaduría vitalicia y a esa protección parlamentaria, por lo que la Justicia podría avanzar sin necesidad de desaforarlo. Esta diferencia resulta especialmente relevante ante la investigación por presuntas irregularidades vinculadas a Ueno Bank.
La investigación por el escándalo bancario
Mientras los diputados sesionaban, Peña sufrió otro golpe, ya que la Fiscalía lo incluyó oficialmente entre las personas que serán investigadas por su presunta participación en las irregularidades financieras. Se convirtió así en el primer político mencionado en la investigación, que también alcanza a directivos de Ueno Bank.
La crisis estalló el 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso la intervención de Ueno Bank, tras detectar un grave deterioro de su solvencia. La medida paralizó sus operaciones y dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas, al suspenderse los servicios digitales y otros canales de atención.
Ese mismo día, mientras directivos de la entidad eran detenidos, miles de personas salieron a las calles para exigir la renuncia de Peña, debido a sus vínculos con el conglomerado financiero. Las protestas estuvieron acompañadas de una creciente preocupación por el destino de los ahorros y los fondos públicos depositados en el banco.
Relación Peña-Ueno
En octubre, una investigación periodística de ABC Color reveló que Ueno Holding Saeca, firma vinculada a Ueno Bank, pagó al menos 30.000 millones de guaraníes (unos 5 millones de dólares) hasta marzo de 2026 a una empresa en la que Peña había figurado como accionista.
El mandatario mantuvo vínculos empresariales con el conglomerado durante parte de su gestión presidencial, iniciada en agosto de 2023, lo que alimentó las denuncias de presuntos conflictos de intereses.
Otro de los cuestionamientos apunta a que, en septiembre de 2023, Peña designó al frente del Banco Central del Paraguay a Carlos Carvallo, exdirectivo de Financiera Ueno, quien quedó a cargo del organismo responsable de supervisar a la entidad. Carvallo presentó su renuncia tras el estallido de la crisis bancaria.
El caso también involucra al Instituto de Previsión Social (IPS), que durante la gestión de Peña mantuvo cerca de 345 millones de dólares invertidos en Ueno Bank mediante certificados de depósito y bonos financieros, lo que incrementó la preocupación por el posible impacto del colapso sobre los fondos previsionales.