Por izquierda y por derecha, en los últimos meses se incrementó de manera inédita la lista de expresidentes de América Latina condenados o procesados en sus países, en su mayoría por delitos de corrupción.
El común denominador de gran parte de los procesos es que son calificados como "históricos", y que los involucrados proclaman inocencia y se consideran víctimas de persecuciones políticas por su papel de opositores a los gobiernos de turno.
Uno de los casos más recientes es el del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro (2019-2023), a quien el Supremo Tribunal Federal (STF) le dictó una orden de arresto domiciliario el pasado 4 de agosto, como parte del juicio en el que se le acusa de haber participado en una conspiración golpista tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
La decisión provocó un inesperado conflicto bilateral, ya que el Gobierno de EE.UU. impugnó a la justicia brasileña, defendió al líder ultraderechista y amenazó con imponer al país sudamericano mayores aranceles en represalia por enjuiciar a Bolsonaro.
Apenas tres días antes, el 1 de agosto, el expresidente de Colombia, el conservador Álvaro Uribe (2002-2010), fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. También se le impuso una multa de 830.000 dólares y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de ocho años.
El 17 de junio, Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, (2007-2015) y exvicepresidenta (2019-2023), comenzó a cumplir una prisión domiciliaria de seis años como consecuencia de un juicio que terminó en diciembre de 2022 y en el que se le declaró culpable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Además, se le inhabilitó de manera perpetua para volver a ocupar cargos públicos, por lo que la líder progresista denunció que lo que en realidad querían era proscribirla.
Sobornos, lavado y narco
Bolsonaro no es el único presidente en apuros judiciales en Brasil. El pasado 26 de abril, la justicia detuvo al expresidente conservador Fernando Collor de Mello (1990-1992), quien en 2023 fue condenado a ocho años y 10 meses de prisión por ser considerado culpable de delitos de corrupción en el marco del entramado de sobornos de la Operación Lava Jato.
En Guatemala, el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) fue condenado en junio pasado a nueve años de prisión como parte de múltiples procesos judiciales que enfrenta por corrupción.
Antes, en 2022, ya se le había impuesto una pena de 16 años por una defraudación millonaria al Estado, y un año después se le dictó otra por los delitos de lavado de activos, fraude y cohecho pasivo. Sin embargo, ha logrado permanecer en libertad y ni siquiera cumple prisión domiciliaria.
En El Salvador, el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) comenzó a cumplir en 2018 una condena de 10 años de cárcel por delitos de peculado, asociación ilícita y lavado de dinero. En 2021, se le exigió que pagara 10 millones de dólares donados por Taiwán para atender a las víctimas de un terremoto y que en realidad se usaron para la campaña del exmandatario.
Un caso excepcional por los crímenes que se le imputaron lo protagonizó el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien en junio de 2024 fue condenado en EE.UU. a una pena de 45 años de prisión y una multa de ocho millones de dólares por delitos de narcotráfico. La Justicia estadounidense concluyó que había convertido a Honduras en "un narco-Estado".
El 16 de mayo del año pasado fue el turno de la autoproclamada expresidenta ultraconservadora de Bolivia, Jeanine Áñez (2019-2020), ya que el Tribunal Superior de Justicia ratificó una condena de 10 años de prisión por los delitos de "incumplimiento de deberes" y "resoluciones contrarias a la Constitución", al haber asumido de manera indebida la presidencia después del golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales, ocurrido en noviembre de 2019.
La dirigente, que fue detenida en marzo de 2021, enfrenta actualmente otros juicios en los que se le acusa de complicidad en actos de terrorismo y por su presunta responsabilidad en la masacre de Senkata, cometida el 19 de noviembre de 2019 durante manifestaciones pacíficas en las que las fuerzas de seguridad y militares bajo el mando de Áñez mataron a 10 personas.
El récord
Perú representa un caso extremo en la región, ya que cuatro de sus expresidentes comparten prisión y uno más está procesado pero en libertad. El más reciente es el de Martín Vizcarra (2018-2020). Desde el jueves cumple cinco meses de prisión preventiva por el presunto delito de cohecho pasivo propio, al considerar que aceptó sobornos cuando era gobernador de Moquegua.
El pasado 15 de abril, Ollanta Humala (2011-2016) fue condenado a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos agravado en el marco de la causa Odebrecht. La justicia consideró probadas las denuncias de que había financiado sus campañas en 2006 y 2011 con dinero procedente de sobornos.
En octubre del año pasado, el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), quien fue detenido en 2019 en California y luego extraditado a Perú, recibió una pena de 20 años y seis meses de prisión por aceptar coimas, también en la megacausa de corrupción de Odebrecht.
La situación del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) es diferente ya que enfrenta una prisión preventiva porque todavía no han concluido los juicios en los que se le acusa de rebelión, abuso de autoridad, grave perturbación de la tranquilidad pública, entre otros delitos que se le imputan por haber intentado disolver el Congreso a fines de 2022. El primer juicio en su contra comenzó en marzo pasado y la fiscalía pide una pena de 34 años.
El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) es el líder más longevo de la lista de exmandatarios en conflictos con la justicia. Está procesado por lavado de dinero y espera el juicio en libertad, aunque no puede salir del país.
Antes que ellos, el fallecido Alberto Fujimori (1990-2000) pasó 15 años de prisión por delitos de lesa humanidad. El caso más conmocionante, sin embargo, fue el del expresidente Alan García (2006-2011), quien se suicidó en 2019, cuando estaba a punto de ser detenido en una causa por corrupción.
