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Juez que indaga protestas en Cataluña pide al Supremo que investigue a Puigdemont por terrorismo
El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón también solicita que el alto tribunal asuma la investigación contra la dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rovira, y otras 10 personas.
El juez de la Audiencia Nacional de España Manuel García Castellón ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo para que se investigue al expresidente de Cataluña y europarlamentario Carles Puigdemont; a la dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Marta Rovira y a otras diez personas, por un delito de terrorismo en la causa de 'Tsunami Democràtic' (TD), la organización que lideró las protestas por las condenas a líderes independentistas en 2019.
En su escrito, el magistrado considera que para el esclarecimiento de los hechos se requiere una investigación que no puede hacerse debido a la condición de aforado de Puigdemont y de otro de los encausados, el diputado regional catalán Wagensberg, según una nota publicada este martes por el Consejo General del Poder Judicial.
García Castellón señala que Puigdemont estaría en el vértice más alto de la organización de Tsunami, y que su lugar como expresidente y líder desde Bruselas del independentismo le confiere "una posición de autoridad incuestionable".
El juez apunta a indicios de participación de Puigdemont en el nacimiento y planificación de las acciones de Tsunami, en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, que condenó a penas de hasta 13 años de cárcel a líderes políticos y sociales catalanes, tras el intento de secesión de Cataluña de 2017.
Según García Castellón, Tsunami Democrátic habría estado detrás de la huelga general del 18 de octubre de 2019, del intento de afectación de las elecciones generales de noviembre de ese año y del bloqueo de infraestructuras críticas del Estado, como el aeropuerto de Barcelona, entre otras acciones.
"Si TD hubiera logrado su objetivo de impedir el cambio de turno de los controladores aéreos de la instalación, esto no solo habría provocado daños económicos, sino que podría haber tenido un resultado catastrófico de consecuencias imprevisibles", refiere el magistrado.
Delitos de terrorismo
Para el juez, los hechos investigados permiten subsumirlos en diversas infracciones que encajarían en actos de terrorismo, en el sentido que prevé el Derecho de la Unión Europea (UE).
Así, los actos violentos que se produjeron el 14 de octubre de 2019 en el aeropuerto del Prat, para García Castellón tienen encaje en el Código Penal por los daños materiales, las personas lesionadas, la integridad física de los presentes en la instalación aeroportuaria y la afectación al tráfico aéreo.
El juez hace un repaso de las armas utilizadas en la acción de bloqueo del aeropuerto: piedras de gran tamaño, hierros provenientes del vallado del edificio, vidrios de roturas de estructuras de la instalación, extintores vacíos, carros portamaletas, vallas, palés y un tirachinas, entre otros.
El magistrado concluye que Puigdemont y Rovira, ambos fuera de España –en Bélgica y Suiza, respectivamente–, podrían ser juzgados en esos países, puesto que ambos han firmado los convenios internacionales para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil.
En ese contexto, la futura ley de amnistía, que se está tramitando en el Congreso de los Diputados y que previsiblemente saldrá adelante por el aval de una mayoría de parlamentarios, también amparará los casos de terrorismo en los que no haya recaído sentencia firme.
Se trata de una redacción que se especula que se acordó para incluir casos como los de los CDR o el de Tsunami Democrátic, toda vez que trascendió que García Castellón optaba por esta tipificación penal.
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