La Casa Blanca 'se esconde' ante dudas sobre la legalidad del ataque a la 'narcolancha'

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra bajo presión por parte de legisladores que cuestionan la legalidad del ataque estadounidense contra una 'narcolancha' que supuestamente provenía de Venezuela y en el que murieron 11 personas, informó este sábado la CNN citando a fuentes.

Según señalaron, el Pentágono canceló este viernes las sesiones informativas que debía realizar para varios comités de la Cámara de Representantes y del Senado. Los legisladores esperaban formular preguntas sobre la base legal del ataque, así como obtener detalles de la operación, a los cuales la Casa Blanca ha evitado responder.

La Administración intenta sostener que las 11 personas en la embarcación eran objetivos militares, porque supuestamente eran miembros del Tren de Aragua, organización considerada terrorista por Estados Unidos. Sin embargo, expertos lo ponen en duda. Los miembros de cárteles y narcotraficantes tradicionalmente han sido considerados criminales con derecho al debido proceso legal, y no combatientes enemigos, indica la publicación. 

El ataque a la 'narcolancha' por EE.UU. "no ocurrió", dice fiscal venezolano

Además, juristas llamaron la atención sobre la declaración del secretario de Estado, Marco Rubio, en la que afirmó que la lancha podía haber sido interceptada, pero que el Gobierno estadounidense prefirió destruirla.

"Eso ya lo dice todo", señaló un exabogado del Pentágono que dejó el Gobierno en los últimos meses. "Cualquier argumento mínimamente plausible sobre la autoridad inherente del Comandante en jefe para llevar a cabo una acción militar requeriría demostrar que no había una alternativa al uso de la fuerza letal".

La ONU y Venezuela cuestionan la legalidad de las acciones de EE.UU.

En este contexto, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó el viernes a los Estados a respetar el derecho internacional en sus acciones contra el narcotráfico.

Ante una consulta de la prensa sobre el hecho, la portavoz Ravina Shamdasani recordó que "las personas no deberían ser asesinadas por usar, traficar o vender drogas", y subrayó que las fuerzas del orden solo pueden usar fuerza letal como último recurso, frente a una amenaza inminente contra la vida.

Por su parte, las autoridades venezolanas ponen en duda la veracidad de la narrativa de EE.UU., señalando lo que consideran fallas tanto en cómo Washington sustenta el ataque como en el propio material audiovisual.