La permanente inestabilidad política en Perú ha retrasado la concesión de permisos y posibilitado la propagación de la minería ilegal, pese a que las inversiones y la producción en el sector han crecido, reporta Bloomberg.
La afectación es tal, que el país suramericano cedió su lugar como segundo productor de cobre en el mundo a la República Democrática del Congo. Y aunque funcionarios estiman que podrían captarse más de 60.000 millones de dólares en inversiones, el valor asociado al desarrollo de nuevos proyectos está en un punto de inflexión, en razón de las múltiples trabas existentes para obtener permisos.
La situación es crítica para la industria cuprífera. Aguas adentro, se espera un alza de la demanda por la construcción de centros de datos y el avance de la electrificación, mientras que los mineros pujan porque la oferta alcance para todos. Paradójicamente, Perú posee la tercera mayor reserva de cobre en todo el mundo y es considerado una fuente clave de ese metal, pero por ahora la infraestructura reposa en portafolios de proyectos estratégicos que no han alcanzado a ver luz.
A ello se suman las discrepancias de los ejecutivos mineros ante los dos aspirantes presidenciales. El venidero 7 de junio, los peruanos elegirán entre la derechista Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, y el izquierdista Roberto Sánchez, actual congresista y ministro de Comercio Exterior y Turismo durante la breve presidencia de Pedro Castillo.
¿Ninguno de los dos?
Los empresarios del ramo optaron por no respaldar públicamente a ninguno, y en su lugar demandaron mayor claridad y estabilidad, con independencia de quién resulte vencedor. Desde su perspectiva, el problema no refiere exclusivamente a la alta rotación de mandatarios, sino a la casi veintena de ministros de Energía que ha tenido la nación andina durante la última década. Alegan que en esas circunstancias, la obtención de permisos se hace todavía más cuesta arriba.
En lo que respecta a Sánchez, pese a la moderación y compromisos que asumió de cara al balotaje, los corporativos mineros expresaron preocupación por su interés en implicar más al Estado en la economía y su supuesta intención de modificar la Constitución para eliminar las garantías de libre mercado, así como de los yacimientos a cielo abierto. Sobre esas bases, Bloomberg proyecta que el país podría experimentar una fuga de capitales similar a la que siguió al triunfo de Castillo en 2021.
Al otro lado de la acera, el programa proempresarial de Fujimori resulta mucho más atractivo para las compañías mineras, pero sus ejecutivos creen que aún no es todo lo bueno que podría ser para ellos. Así, argumentan que parlamentarios del bloque fujimorista han votado a favor de la legalización temporal de los mineros y con ello han favorecido el crecimiento de la minería ilícita.
También hay discrepancias en cuanto a la forma desigual en la que se distribuyen los ingresos generados por esa actividad económica, lo que podría escalar el sentimiento antiminero que ya existe en las regiones rurales pobres y derivar en mayor conflictividad social.
