Opinión
Las dos inesperadas victorias de Petro en medio de un polvorín político
Con la aprobación de la reforma laboral en el Senado colombiano y la devolución de la Ley de Jubilaciones por parte de la Corte Constitucional al Congreso, la administración de Gustavo Petro logró importantes signos de avance esta semana que modifican el escenario político colombiano, en relación con los acontecimientos que ocurrieron las semanas anteriores, caracterizadas por la violencia y los bloqueos institucionales.
Y es que, antes de la convocatoria de una consulta popular que hiciera el presidente Gustavo Petro, el 11 de marzo, para que el pueblo decidiera sobre la reforma laboral y de salud, parecía improbable que la institucionalidad colombiana consintiera algunas de las reformas que ha venido impulsando el petrismo. El Congreso había sitiado estas reformas y el alto tribunal había congelado la reforma pensional. El período presidencial, que culmina en agosto de 2026, se estaba agotando sin que el Gobierno lograra al menos algunas de las ofertas electorales desplegadas en la campaña presidencial de 2022, lo que pone a prueba la efectividad de su gestión con enfoque izquierdista y popular.
El Congreso también desechó la idea de la consulta, por lo que Petro firmó un decreto convocándola. A partir de este momento, diversos sectores del amplio espectro opositor —incluyendo algunos "moderados", como el expresidente César Gaviria— comenzaron a subir el tono de los discursos, llamando a desconocer la figura presidencial y dejando transpirar una especie de entusiasmo insurreccional.
El período presidencial, que culmina en agosto de 2026, se estaba agotando sin que el Gobierno lograra al menos algunas de las ofertas electorales desplegadas en la campaña presidencial de 2022, lo que pone a prueba la efectividad de su gestión con enfoque izquierdista y popular.
Con el atentado realizado contra el precandidato de la derecha, Miguel Uribe, el pasado 7 de junio, la situación política se volvió incluso mucho más engorrosa. El hecho logró la reacción inmediata de estos sectores, que se radicalizaron aún más y, en las primeras de cambio, trataron de culpar, de diferentes formas, a Petro.
Ante este panorama, la gestión de Petro sufrió ataques de todos lados y parecía difícil que pudiera conseguir algunas victorias, aunque fueran parciales. Pero el presidente no solo fue insistente con su agenda de procurar cambios, sino que incluso dobló la apuesta, planteando la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, si no se aprobaban las reformas ni la consulta.
Para preparar este escenario, nombró como ministro de Justicia a Eduardo Montealegre —un jurista de primer nivel que ha sido fiscal general y magistrado de la Corte Constitucional—, quien expresó su respaldo a una constituyente, debido a que la actual Constitución no tiene la capacidad de procurar los cambios que exige el siglo XXI y a que hay un "bloqueo institucional" contra las propuestas de cambio presentadas por el actual gobierno.
Esa "terquedad" del presidente ha generado algunas victorias parciales esta semana, con la sorpresiva aprobación, en el Senado, de la reforma laboral, y con la decisión de la Corte de devolver la reforma pensional al Congreso para que se vote nuevamente en plenaria y así enmendar asuntos de forma. Esta última reforma, aprobada en junio de 2024, yacía en la Corte, sin muchas expectativas de que pudiera sobrevivir.
Riesgos
Hay que advertir que, aun así, ambas reformas sufren riesgos de peso en el Congreso, y habría que evaluar si este "paso para atrás" de la institucionalidad no es sino una forma de ilusionar a los sectores políticos progresistas para desmovilizar las calles y evitar la avanzada de Petro en relación con las convocatorias a consulta o constituyente.
Están en riesgo porque ahora el Congreso debe conciliar el texto de la reforma laboral aprobado en el Senado con el aprobado en la Cámara de Representantes, por medio de una comisión de conciliación, y luego volver a escrutar las reformas en ambas cámaras. Por su parte, la reforma pensional debe pasar por su definitiva aprobación en la oscilante plenaria del Congreso.
Habría que evaluar si este "paso para atrás" de la institucionalidad no es una forma de ilusionar a los sectores políticos progresistas para desmovilizar las calles.
Es decir, todavía la administración no puede cantar victoria y la gestión del ministro del Interior, Armando Benedetti —quien ha sido el encargado de negociar ambas leyes con todas las facciones— aún tiene mucho trabajo por delante.
La reforma pensional crearía un pago mensual a unos 500.000 adultos mayores este año, extendido a tres millones en 2025, que actualmente no cuentan con ingresos básicos. La laboral plantea aumentar el salario los feriados y fines de semana, adelantar la hora de las jornadas nocturnas, eliminar la contratación precaria y declarar sueldo mínimo para aprendices, así como la cotización en el seguro social de las empresas de reparto, lo que beneficia a cientos de miles de repartidores, cuyo trabajo no posee una protección legal.
La oposición, por su parte, sueña con una campaña presidencial en 2026 en la que el progresismo no pueda lucir estas victorias.
Lluvia de ataques
A pocos minutos de la aprobación en el Senado de la reforma laboral, el día martes, el mismo órgano votó en contra de la consulta popular que convoca Petro para aprobar esas modificaciones. El Consejo de Estado, el día miércoles, suspendió el decreto presidencial de la consulta.
Por su parte, el registrador nacional, Hernán Penagos, se había negado a publicar el calendario electoral para la consulta, esperando la decisión de las altas cortes y apresurándose a decir que no era factible realizarla en la fecha prevista por Petro: el 7 de agosto.
La intención de la oposición colombiana, que domina abiertamente los espacios institucionales mencionados, parece ser la de ralentizar todas las iniciativas de Petro. Así lo hizo la Corte Constitucional, que congeló por un año la reforma pensional, pese a que había sido aprobada por el Congreso.
Por su parte, Petro acató la decisión del Consejo de Estado, pero consideró como "sedición" el pronunciamiento del procurador, quien —según el presidente— no tenía facultades para ello.
La intención de la oposición colombiana, que domina abiertamente los espacios institucionales mencionados, parece ser la de ralentizar todas las iniciativas de Petro. Así lo hizo la Corte Constitucional, que congeló por un año la reforma pensional que debía entrar en vigencia el 1 de julio, a pesar de haber sido aprobada por el Congreso.
De la misma forma, la reforma laboral lleva desde septiembre de 2022 enredada en las diversas instancias del Congreso y, a pesar de haber sido aprobada por las dos cámaras, ahora tendrá que ir a un proceso de conciliación, justo cuando este viernes terminó el período legislativo ordinario. La reforma a la salud sufrió peor suerte.
Así las cosas, Petro ha recibido el asedio no solo de la oposición y la derecha, sino del establecimiento colombiano enquistado en las instituciones, pero sus iniciativas han logrado destrancar algunas vías para conseguir sus objetivos. El rechazo histérico de la derecha a la vía de la votación popular para decidir estos temas cruciales quizá haya permitido el avance parcial de las reformas en el Congreso y la Corte.
Pero las semanas próximas dirán si deciden parar todas las iniciativas o si más bien aceptarán conceder alguna de las propuestas, con el fin de no desencadenar otro escenario de movilización popular.
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